Concluye la instrucción de la causa abierta contra Benavides por no colaborar con el Defensor
GRANADA, 23 (EUROPA PRESS)
El Juzgado de Instrucción 2 de
Almuñécar (Granada) ha concluido la instrucción de la causa abierta contra el alcalde de la localidad, Juan Carlos Benavides (CA), por la posible comisión de un delito contra las instituciones del Estado al no colaborar con la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz y obstruir su labor, informaron a Europa Press fuentes judiciales. El regidor se sitúa así a un paso de un nuevo juicio, a la espera de que las partes formulen su escrito de acusación solicitando la celebración de la vista o el sobreseimiento de las actuaciones.
El procedimiento se abrió a raíz de que el defensor, José Chamizo, llevara esta posible obstrucción el pasado mes de junio a la Fiscalía Superior de Andalucía por la "actitud entorpecedora persistente" de Benavides a las tareas de la institución, basada en la falta de colaboración y desatención de la información solicitada en relación a más de una decena de quejas de los ciudadanos. La Fiscalía Provincial asumió el asunto, y decidió denunciar al primer edil, trasladando su escrito al Decanato para que un juzgado de Almuñécar asumiera la investigación.
Fue finalmente el de Instrucción 2, según las fuentes, el que incoó el procedimiento el pasado 12 de noviembre y el 11 de enero transformó las diligencias practicadas en procedimiento abreviado, dando por concluida la instrucción. No obstante, la defensa de Benavides ha presentado un recurso de reforma contra este último auto que está pendiente de resolverse.
En su escrito de denuncia, la Fiscalía consideraba evidente que la postura del regidor sexitano, que no contestó a las reclamaciones salvo cuando el tema ya estaba en manos de instancias judiciales y había trascendido en los medios de comunicación, encaja con un delito de desobediencia del artículo 502 del Código Penal, que contempla penas de suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años.
El Defensor del Pueblo Andaluz acudió a la justicia por primera vez por "obstrucción" de su labor por parte de un representante de la Administración, una situación que obligaba a la institución a dar cuenta de ello ante el Parlamento de Andalucía y el Ministerio Fiscal.
Tal y como explicaron entonces desde la Oficina, ésta acumuló hasta cinco expedientes de quejas ciudadanas sin resolver por la falta de colaboración del Ayuntamiento a la hora de facilitar los informes y datos requeridos, a las que se sumaron seis expedientes más desde el año 2007, ninguno de ellos "atendidos", lo que produjo una situación de "acumulación de no colaboración" que constituye un supuesto de "especial gravedad".
EXPEDIENTES URBANÍSTICOS
Todos estos expedientes --la mayoría relacionados con el urbanismo-- siguieron su correspondiente tramitación, con la petición de informes iniciales, reiteración de solicitud de colaboración en numerosas ocasiones, contactos frecuentes y declaración de actitud entorpecedora por parte del Defensor. A pesar de ello, cinco expedientes "terminaron desatendidos", que se agravó con la suma de los últimos seis abiertos, "los cuales, uno detrás de otro, han sido completamente ignorados".
No obstante, la Oficina envió un "enésimo" escrito a Benavides --que no obtuvo respuesta--, trasladándole la situación y advirtiéndole de que si en un plazo estipulado no recibía la colaboración "legalmente debida por el Consistorio con el envío de la información requerida en los expedientes de queja" daría conocimiento de ello al Parlamento y al Ministerio Fiscal.
Para el Defensor, al hecho de "dejar gravemente desatendido el derecho de los ciudadanos a formular quejas referidas al ayuntamiento de Almuñécar" se une en este caso el problema "de fondo" que representa que "un mecanismo de control de la actuación administrativa establecida en el Estatuto de Autonomía y la Constitución Española está paralizado porque el deber legal del alcalde de colaborar con el Defensor no se realiza".
Tras conocerse la denuncia de Chamizo, el alcalde de Almuñécar negó haber obstruido su la labor, aunque reconoció que en el Consistorio existía un cúmulo de demandas de información y de expedientes tanto de la Junta de Andalucía, como del Estado y del propio Defensor del Pueblo Andaluz.
Así lo indicó una rueda de prensa en la que, tras manifestar su "absoluta voluntad a colaborar con todas las administraciones públicas", dijo que "si no se ha actuado con la suficiente celeridad es por la acumulación de tareas en el Consistorio y nunca por querer entorpecer el funcionamiento del Defensor del Pueblo". Lamentó además entonces que "una vez más se estén usando las instituciones publicas para contribuir a la campaña mediática que pretender criminalizar" su gestión e insistió en que la práctica habitual del Ayuntamiento "ha sido en todo momento de colaboración".
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