Los pueblos granadinos se beneficiarán 'especialmente' de la descentralización de la Junta por su dispersión

GRANADA, 8 (EUROPA PRESS)

La Ley de Autonomía Local de Andalucía y la de participación de los entes locales en los tributos de la Comunidad Autónoma "beneficiarán muy especialmente" a los municipios granadinos por su particular composición territorial y la dispersión de sus núcleos de población.

Así lo informó hoy el delegado del gobierno andaluz en Granada, Jesús Huertas, quien explicó que la provincia consta de 330 núcleos dispersos que dificultan la prestación de servicios municipales y la normativa que promueve la Junta "supondrá un incremento del fondo de nivelación incondicionado para aquellos municipios que tengan esta singularidad".

El delegado puso como ejemplo al municipio de Moclín, el cual tiene 4.600 habitantes en siete núcleos dispersos en un territorio de 113 kilómetros cuadrados, y al de Loja, que con 22.137 habitantes, tiene 21 núcleos dispersos en un territorio de 454 kilómetros cuadrados, según informó la Junta en un comunicado.

Huertas abordó hoy, junto al delegado provincial de Economía, Manuel Gómez, los dos anteproyectos para la descentralización municipal que aprobó el martes el Consejo de Gobierno y recordó que la Junta lleva más de dos décadas impulsando medidas de apoyo a los ayuntamientos, destinadas a favorecer su liquidez, su solvencia y su estabilidad.

En este sentido, destacó que el Plan de Cooperación Municipal ha destinado este año a la provincia de Granada más de 170 millones de euros como aportación de las distintas consejerías a las obras de inversión municipal, mientras que el Fondo de Nivelación Municipal aportó a las entidades locales 23,4 millones en 2008 y 26,9 en 2009. A ello se suman los 42 millones destinados a obras de los municipales realizadas con cargo al Plan Proteja.

"UN ANTES Y UN DESPUÉS"

Huertas aseguró que los anteproyectos significarán "un antes y un después" en el nuevo modelo de administración local, ya que los 168 ayuntamientos granadinos van a conseguir "más autonomía local, menos tutela de las administraciones, más financiación incondicionada, más capacidad de organización y más corresponsabilidad".

El primero de los anteproyectos, relativo a la futura Ley de Autonomía Local de Andalucía, establece una nueva arquitectura municipal en la Comunidad al fijar las competencias propias de los ayuntamientos y diputaciones y otorgarles mayor capacidad de autogobierno.

Así, los ayuntamientos pasan de ser "meros administradores" a tener capacidad de definir y ejecutar políticas públicas propias y diferenciadas. Con este objetivo, se fijan las competencias y se refuerza la financiación incondicionada.

En cuanto al anteproyecto de la ley reguladora de la participación de las Entidades Locales en los tributos de la Comunidad Autónoma, fijará la colaboración financiera con los municipios, así como los criterios de distribución y evolución de los mismos sobre los principios de eficiencia, equidad, corresponsabilidad fiscal y lealtad institucional.

A PARTIR DE 2011

La colaboración financiera se llevará a cabo a través de la creación del Fondo de Participación de las Entidades Locales en los Tributos de la Comunidad, que comenzará a aplicarse en 2011, según explicó el delegado, quien recordó que es un fondo que respetará la autonomía de los municipios para decidir cuál será el destino de los recursos que reciban.

Los recursos se distribuirán entre los municipios en función de unas variables de necesidad y de capacidad fiscal, como la población, la superficie y la dispersión de los municipios, mientras que para incentivar la corresponsabilidad fiscal, los indicadores de capacidad fiscal recogerán las principales fuentes de ingresos propios de los municipios (IBI), prescindiendo de la discrecionalidad política a que todo gobierno tiene derecho en el ejercicio de su capacidad normativa.

Así, por primera vez, esta financiación incondicionada que recibirán los municipios de la Junta de Andalucía va a estar ligada a los ingresos tributarios de la Comunidad y será una cantidad que evolucionará de acuerdo con unos criterios fijados en una norma.