Recurrirán el archivo del caso Castril al considerar que no se acredita el destino de los fondos

GRANADA, 25 (EUROPA PRESS)

Rafael Aibar, propietario de varias fincas en el Parque Natural de Castril que presentó una denuncia contra varios cargos de la Junta por el presunto desvío de fondos públicos en este espacio, informó hoy de que recurrirá ante la Audiencia Provincial el archivo del caso, al considerar que "la investigación se ha cerrado de forma prematura sin que haya quedado acreditado dónde están esos fondos".

Así lo indicó hoy a Europa Press Aibar, que cuenta con un 28 por ciento del total de fincas existentes en la Sierra de Castril, quien criticó que el juez haya archivado el procedimiento cuando "aún hay diligencias penales por resolverse", lo que, dijo, está expresamente "prohibido por ley".

"Aún no han llegado a la mesa del juez los proyectos que indican dónde se han invertido los fondos", comentó el empresario que destacó que el auto donde se dice que la inversión de los fondos está justificada "no se apoya en ningún documento que lo acredite".

"Constitucionalmente me asiste el derecho de apelar ante la audiencia", comentó Aibar quien criticó la actitud del ex delegado de Medio Ambiente y alcalde de Armilla, Gerardo Sánchez, por decir "a bombo y platillo" que el auto es "contundente" y exigir disculpas, cuando aún no hay una sentencia firme añadiendo que, hasta que eso suceda, "sigue bajo sospecha".

Esta situación se produce después de que el juzgado de Instrucción 8 de Granada haya dictado el archivo de las diligencias previas practicadas tras la denuncia de Aibar, que acusó a los ex delegados de Medioambiente Gerardo Sánchez y Manuel Chirosa, entre otros cargos de la Junta por malversación, prevaricación, falsedad y estafa en relación a la gestión del Parque de Castril y los 18 millones de euros de fondos comunitarios destinados al mismo.

El juez señalaba en el auto que no ha quedado demostrado la perpetración de ningún delito por parte de los imputados, afirmando que "no existe el menor dato objetivo mínimamente serio" que permita deducir que se ha cometido alguna irregularidad.