El presunto testaferro de Roca declara haber sido un 'mero escribiente' del ex asesor de Urbanismo
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GRANADA, 22 (EUROPA PRESS)
El presunto testaferro de Juan Antonio Roca, Salvador Gardoqui, declaró hoy haber sido un "mero escribiente" del que fuera asesor de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella mientras trabajaba ejerciendo, según afirmó, labores de contabilidad en la empresa 'Maras Asesores'.
Así lo afirmó en calidad de testigo en la sesión de tarde del juicio contra a través de la operación 'Malaya', el que fuera titular del Juzgado de Instrucción número 2 marbellí Francisco Javier de Urquía, y otro acusado más, Arnaud Fabrice Albouhair, por una causa desglosada de la trama urbanística destapada en Marbella (Málaga) a través de la operación 'Malaya'.
Ante la Sala de lo civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), con sede en Granada, reconoció haber hecho a mano las anotaciones --en cuadernos de contabilidad de 'Maras'-- que le dictaba Roca "a menudo", sin saber de dónde procedían o a qué se referían. Dijo además no conocer al juez acusado ni recordar que se especificara en los cuadernos las cantidades supuestamente otorgadas al magistrado, según reconoció hoy el propio Roca.
Preguntado por la razón por la que anotó 'Ayuntamiento' junto a esas cantidades, de 63.000 y 10.800 euros, afirmó no saber a qué se debía ni si esas cifras iban o no destinadas al organismo municipal, si bien reconoció que la palabra figuraba con frecuencia en los cuadernos.
Dijo no tener explicación para que, en esos cuadernos, se hubiera modificado el color de la tinta con el que se escribían los pagos y los cobros y, ante la pregunta de si las cantidades mencionadas pudieron ser incluidas en los mismos "a posteriori", Gardoqui contestó: "No lo recuerdo, pero es posible".
Por otro lado, asistió también como testigo el que fuera inspector jefe de la Udyco que participó en la investigación de 'Malaya', que explicó que la causa que ahora se enjuicia fue detectada cuando el constructor granadino Ávila Rojas declaró, por requerimiento judicial, que había efectuado a Roca un pago por 150.000 euros para tres licencias de primera ocupación que le dijo que eran "para pagar a los concejales".
'ARCHIVO MARAS'.
Así, los investigadores realizaron una búsqueda en el llamado 'Archivo Maras', que contenía información sobre pagos y cobros de Roca, tanto en soporte informático como en papel, que rellenaba el contable y "presunto testaferro" del ex asesor, Salvador Gardoqui.
Según señaló, en esa documentación constaban entradas de dinero que luego "se apropiaba" Roca o se distribuía en "repartos" nominativos, con acrónimos o sin nominar. En este sentido, se detectó un cobro de 150.000 euros el 14 de marzo y luego, el 17 de marzo, dos pagos, uno de 63.000 y otro de 10.800, justo las cantidades que Roca afirmó haber entregado a De Urquía ese día.
De igual modo, en el 'archivo Maras' se encontraron dos documentos de Word, uno el contrato de compraventa de la vivienda que el juez quería adquirir en Azalea Beach y que Roca le redactó y otro un 'recibí' de De Urquía de las cantidades mencionadas.
En este sentido, según apuntó, conversaciones telefónicas que se habían grabado para investigar la presunta trama urbanística cobraron sentido a la luz de los hechos, como la mantenida supuestamente por Fabrice con Roca con una tercera 'voz en off' que le hacía recomendaciones de fondo a Roca acerca del procedimiento a seguir para la suspensión del programa de Cristóbal Toro 'Misión Imposible JAR', acerca de asuntos relacionados con el ex asesor de urbanismo.
Precisamente el periodista también acudió en calidad de testigo hoy a la vista, en la que reiteró lo ya declarado por el juez acusado, que en principio se decretó la suspensión cautelar del programa, que tuvo que levantarse al haber detectado Toro y su abogado problemas procedimentales, tras lo que Roca tuvo que presentar una querella, que se derivó al Juzgado del que era titular De Urquía.
En la sesión de hoy declararon otros testigos como las secretarias de Roca, los hermanos Pino García, que negociaron la compra de la casa a De Urquía, el amigo del juez e intermediario en esa operación, Ricardo Blázquez, y secretarios y funcionarios judiciales del Juzgado de Instrucción número 2 marbellí, entre otros.
Hasta las siete de la tarde, estaba prevista la declaración de los testigos propuestos de la defensa --terminada la declaración de los del Ministerio Público--, entre ellos, funcionarios de la justicia, fiscales y magistrados, como el padre del propio juez acusado.
La Fiscalía Superior de Andalucía pide la pena de tres años de cárcel y 19 de inhabilitación para empleo o cargo público de juez o magistrado para De Urquía, suspendido de forma provisional, por la posible comisión de los delitos de prevaricación judicial, asesoramiento accidental o negociación prohibida a funcionario público y cohecho, por los que pide también una multa de 213.000 euros.
Asimismo, Roca y el otro procesado, amigo personal de éste, se enfrentan a la misma pena de prisión, nueve de suspensión de empleo o cargo público y a una multa de 177.000 euros al estar acusados por el Ministerio Público de los delitos, como cooperadores necesarios, de asesoramiento accidental o negociación prohibida a funcionario público y de cohecho, según el escrito de calificación provisional del fiscal. Las tres defensas han pedido la libre absolución.
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