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Granada - Junta asegura que trabaja en la 'búsqueda de alternativas' para solventar el colapso de Protección de MenoresLa Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social asegura que está trabajando en la "búsqueda de alternativas efectivas" que puedan dar respuestas al colapso del Servicio de Protección de Menores de la Delegación de Granada, según consta en una respuesta de la consejera del ramo, Micaela Navarro, a una pregunta del Grupo Parlamentario IU-Los Verdes Convocatoria por Andalucía recogida en el BOPA y consultada por Europa Press. Así, Navarro afirma que la Junta está trabajando, en primer lugar, en la "ampliación de la actual Relación de Puestos de Trabajo (RPT) correspondiente a los Servicios provinciales para multiplicar el número de unidades actuales". Igualmente, según la consejera, se han ampliado los espacios disponibles hasta el momento, al anexionarse los que correspondían a las dependencias utilizadas por el Servicio de Acción e Inserción Social, generándose aproximadamente 400 metros cuadrados. Por otro lado, la titular del departamento indicó que "se han reforzado las medidas de seguridad, adoptando las iniciativas instadas al efecto por la Dirección General de Política Interior, la cual ha efectuado la correspondiente catalogación de los riesgos inherentes a la Delegación Provincial de Granada", lo que ha exigido en este caso, concretó, la instalación de videovigilancia, escáner y arco de detección de metales. El pasado mes de abril unos 30 trabajadores del Servicio de Protección de Menores se concentraron en la Delegación para la Igualdad y el Bienestar Social de la Junta de Andalucía en Granada en protesta por la falta de medios, personal y espacio que va, según aseguran, "en detrimento de los niños y sus familias". En declaraciones a los periodistas, una de las técnicas del Servicio, Pilar Mellado, señaló que se encuentran "al borde del colapso" y que sus reivindicaciones se remontan a años atrás, sin que hayan sido escuchadas por la Administración autonómica, según mantienen. Piden que se cubran las vacantes, que aumente la plantilla mejorando sus condiciones, se termine con la provisionalidad de los trabajos, se habiliten espacios de atención a los usuarios, que regrese el guarda de seguridad y que se dote de un seguro de responsabilidad civil a los empleados públicos del Servicio. Mellado explicó que los trabajadores atienden a las familias y los menores en pasillos, lo que impide una "mínima intimidad" y condiciones para "ganar la confianza" que este tipo de audiencias significan. Además los asuntos tratados ocasionan una "gran conflictividad", amenazas al personal y situaciones "muy violentas", que en ocasiones requieren el auxilio de la Policía. Según informaron los empleados, en un mismo pasillo o en una misma sala o incluso simultáneamente se atiende a un menor víctima de malos tratos, la persona que los ha denunciado, la familia a la que se le retira la tutela y el solicitante de adopción, junto con los demás usuarios del sistema, por lo que además de conflictiva, la situación les resulta "caótica". A esto se suma que ya no trabaja en el Servicio un guarda de seguridad, de manera que el acceso al mismo está sin vigilancia, cuando es en dicho acceso donde se requiere autoridad para evitar conflictos, entradas no permitidas o malentendidos. Hoy exigieron de igual manera que se solucione la falta de personal, que genera situaciones de "estrés" y "desbordamiento" de trabajo que incide directamente en el trato al menor que está en situación de desprotección y que recibe así, según señalan, "maltrato institucional". Esta carencia se concreta en las unidades tutelares que atienden la retirada y desamparo de menores de riesgo, el departamento de menores extranjeros no acompañados, el de acogimiento y adopciones que tramita las adopciones nacionales e internacionales o las valoraciones de idoneidad de las familias, y el departamento de administración. Según explicó Mellado, su trabajo tiene una "carga emocional" con la que no cuentan otros servicios de la administración, ya que conlleva tratar con situaciones "extremas" cada semana y porque "se juega con el futuro de un niño". Así, han acordado concentrarse cada miércoles al mediodía hasta que no se les dé una respuesta afirmativa a sus reivindicaciones en las dependencias de la Delegación porque, según mantienen, viven situaciones que trascienden las estadísticas que tienen "dimensión única".
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