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Granada - Diputación debate una moción de IU por la transparencia en las cuentas de la Corona, rechazada por PP y PSOELa Diputación de Granada debatió hoy en sesión plenaria una moción presentada por IU, que forma parte del equipo de gobierno, que pedía transparencia en la gestión económica de la Casa Real y la despenalización de las injurias a la Corona, que fue rechazada por el PSOE y el PP. En la justificación de motivos, la diputada provincial de Cultura, María Asunción Pérez Cotarelo (IU), republicana reconocida, recordó que los Presupuestos Generales del Estado contemplan una partida específica para los gastos de la Casa del Rey, más de 14 millones de euros, a los que se suman los gastos de desplazamiento y el mantenimiento de sus palacios --140 millones--. Así, precisó que su propuesta no es la de retirar esas partidas a Juan Carlos I y su familia, que cuenta con una fortuna de 1.700 millones de euros, sino que las cuentas del monarca se sometan al control "como las demás instituciones democráticas del Estado". Al hilo, propuso con la moción que la Diputación se dirigiese al Gobierno Central y a las Cortes Generales para publicar en Internet ingresos y gastos de la Casa Real, que los regalos que reciba queden registrados y se inscriban en el patrimonio del Estado y garantizar el acceso y la fiscalización de todas sus cuentas por parte del Parlamento y de la justicia. Por otro lado, pidió que la institución supramunicipal se dirija a la Fiscalía General del Estado para que archive y deje sin efecto el expediente informativo abierto al alcalde de Puerto Real, José Antonio Barroso, por sus afirmaciones que reconoció Pérez Cotarelo "poco acertadas", aunque estigmatizadas por los medios de comunicación. Siguió con el turno de palabra el portavoz del grupo 'popular', Antonio Granados, quien consideró que es la propia Constitución la que ampara a la Corona y reconoció el papel "esencial" de Juan Carlos I durante la Transición y para el desarrollo de la democracia. Granados, declarado monárquico, indicó respecto al alcalde de Puerto Real que éste habrá de acatar el Código Penal y afirmó que "desde una institución no se puede atacar a otra institución". EN EL MARCO CONSTITUCIONAL. En la misma línea continuó el portavoz socialista, José María Aponte, quien subrayó su 'no' a la moción presentada, porque lo planteado está contemplado en el "marco institucional". En el siguiente turno volvió a tomar la palabra Pérez Cotarelo, quien recordó que Juan Carlos I, "herencia" de la dictadura franquista, no firmó la Constitución que ahora le respalda y que "desde distintos foros, evidentemente republicanos, se ha pedido que se investigue su papel en el 23-F". Asimismo consideró que el monarca "hizo el ridículo" cuando en la clausura de la XVII Cumbre Iberoamericana mandó callar al presidente venezolano, Hugo Chávez, "elegido democráticamente", algo de lo que Granados dijo estar "orgulloso", tras tildar de "pobre" la defensa de la moción presentada por IU. En la sesión plenaria de hoy, que se prolongó durante unas cuatro horas, ya que se presentaron once mociones --diez del PP--, se aprobó la presentada en apoyo al sector pesquero por los 'populares', que fue enmendada con acuerdo de las tres formaciones. El PP no consiguió sacar adelante su propuesta de instar a la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio para que convierta en prioridad la redacción y aprobación del Plan de Ordenación del Territorio del Litoral de Granada, de "gran importancia" ante la próxima llegada a la costa de las autovías, según defendió la diputada 'popular' Luisa García Chamorro. Tanto el grupo socialista como el de IU optaron por votar una enmienda a la moción, en la que pedían que se siguiera en la misma línea, por los avances producidos en su aprobación, habida cuenta de la próxima reunión que se producirá al hilo el próximo 30 de junio. Se produjo otro choque más entre 'populares' y socialistas cuando los primeros propusieron que la Diputación aprobase medidas legales para solicitar a la Junta de Andalucía que salde sus deudas con la institución que ascienden, según el PP, a más de dos millones de euros --"el 66 por ciento desde 1991"--, algo que el portavoz socialista y diputado provincial de Economía desmintió, ya que la citada cantidad, según precisó, se corresponde con deudas contables "no reales" que se liquidarán en el próximo ejercicio.
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