Izquierda Unida pide a Medio Ambiente que exija el informe de impacto ambiental a la embotelladora de Dúrcal

El grupo municipal de Izquierda Unida en Dúrcal cree "imprescindible" que la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía recoja en el informe que elabora en estos momentos sobre la actividad que se desarrolla en la planta embotelladora de agua de Dúrcal, la necesidad de disponer de un estudio de impacto ambiental para continuar con estos trabajos. A pesar de que la planta funciona desde octubre sin permisos y administraciones como el Ayuntamiento de Dúrcal y la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa insisten en que no se necesita esta declaración, la Consejería de Medio Ambiente ha iniciado el trámite para decidir si es precisa esta valoración para la extracción de agua y su posterior embotellamiento.

El proceso comenzó en septiembre cuando Medio Ambiente solicitó a Innovación, Ciencia y Empresa el proyecto de la Planta Embotelladora de Dúrcal y cuando la primera lo recibió, determinó que era necesaria la declaración de impacto ambiental. Iniciado el trámite, en octubre Medio Ambiente solicita a la empresa que elabore una memoria sobre los efectos medioambientales que puede tener la actividad que desarrolla en Dúrcal, una memoria que entregó en enero.

"Medio Ambiente debería haberse pronunciado en torno al 25 de abril y aún no lo ha hecho lo que nos hace pensar en la importancia de este tema y nos mueve a pedir a esta Consejería que cumpla su cometido y defienda la conservación de los recursos naturales andaluces", explica Joaquín Terrón, portavoz de IU en el Ayuntamiento de Dúrcal.

Durante estos últimos tres meses, se han presentado distintas alegaciones a la memoria elaborada por la empresa, desde Izquierda Unida y a iniciativa de algunos vecinos. Entre las alegaciones presentadas por IU destaca la que se refiere a la Ley Andaluza de Calidad Ambiental de julio de 2007 en la que se asegura que la actividad de la embotelladora está sometida al trámite de Autorización Ambiental Unificada, es decir, que a partir del 20 de enero de 2008 cuando entra en vigor esta Ley, debería contar con este trámite porque realiza una actividad que consiste en la extracción de más de 1.000.000 m3 de agua al año.

Y mientras la planta continúa sus trabajos sin permisos ni licencias de actividad económica, el agua embotellada en ella se vende en los supermercados del Valle de Lecrín y la Costa, se sirve en establecimientos de hostelería y hasta se ha presentado como un agua de lujo en una feria alimentaria celebrada en Barcelona.