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Granada - Remiten a la Delegación del Gobierno el proyecto para instalar cámaras, que se enviará a Videovigilancia



GRANADA, 12 (EUROPA PRESS)

La Subdelegación del Gobierno de Granada ha remitido a la Delegación del Gobierno de Andalucía, con sede en Sevilla, el proyecto para la instalación de cámaras en el centro de la capital, un documento que habrá de ser remitido a la Comisión de Videovigilancia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Según informaron a Europa Press fuentes de la Subdelegación, el documento que se remitirá a Videovigilancia es la petición de autorización de dicha instalación, por lo que el organismo habrá de redactar un informe que será vinculante.

El envío de la documentación se produce después de que el Ayuntamiento de Granada remitiera el pasado 17 de marzo un escrito a Subdelegación en la que garantizaba financiación para el proyecto, 100.000 euros con cargo a los fondos Urban de la Fundación Albaicín.

En cuanto al mantenimiento del sistema, el Consistorio señalaba en su escrito, facilitado a Europa Press, que "correrá a cargo de la empresa adjudicataria del concurso, que a este efecto convoque la Fundación Albaicín por un mínimo periodo de garantía".

El proyecto, promovido por el Centro Comercial Abierto, fue aprobado sin consenso en el pleno del pasado mes de julio con los votos de los 16 concejales del PP, después de rechazar una enmienda presentada por el PSOE que demandaba aplazar su aprobación para elaborar un Plan Integral de Seguridad.

Concretamente se proponen entre 15 y 17 cámaras de vigilancia en los ejes comerciales de calle Mesones, Tablas, Puentezuelas, Recogidas, San Antón, Alhóndiga, Reyes Católicos y Gran Vía o la Plaza de la Trinidad y de la Pescadería.

En el proyecto se identifica al solicitante --que en este caso es el alcalde--, se define el área donde irán ubicadas las cámaras, la necesidad o no de que tengan sonido, el tipo, la calificación de la empresa encargada de vigilar las imágenes, los motivos que justifican la instalación y el periodo de implantación del sistema que en principio es de un año prorrogable, según constaba en el documento redactado por el Centro Comercial Abierto.




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