Granada - Ex alcalde de Gójar (PP) dice que 'desconocía' que su hermano fuera de la empresa del solar

GRANADA, 1 (EUROPA PRESS)

El ex alcalde de Gójar (Granada) Francisco Maldonado (PP) afirmó hoy ante el juez que "no tenía el más mínimo conocimiento de la relación societaria de su hermano con la mercantil --Cavifer S.L.--", empresa a la vendió un solar en 2005.

Así lo manifestó ante el juez de Instrucción 1 de Granada, donde declaró como imputado, a raíz de una denuncia del actual equipo de gobierno municipal (PSOE) ante la Fiscalía, que incoó diligencias por la posible comisión de un delito de negociación o actividad prohibida a los funcionarios públicos o abuso en el ejercicio de la función.

En su declaración, según informaron a Europa Press fuentes del caso, Maldonado ratificó el informe anterior remitido a la Fiscalía en el que consideraba "innegable" que si hubiera conocido que su hermano era socio de la entidad mercantil referida se habría abstenido en la votación.

Entonces, cuando se celebró la Junta de Gobierno Local, no sabía que su hermano, que tenía una cafetería y una inmobiliaria, que él conociera, había creado tres meses antes una sociedad en la que ostenta el 30 por ciento del capital y consta como "administrador mancomunado, sólo a efectos sociales".

Así, según indicó el ex regidor, es "evidente" que no podía conocer bajo el examen de la documentación del expediente administrativo que su hermano tenía participación social en la mercantil.

Pero más allá, declaró Maldonado, "el convenio fue aprobado por unanimidad" por lo que aun conociendo la participación de su hermano y habiendo cumplido con su deber de abstenerse "el convenio habría sido aprobado igualmente".

Se trataría en suma, según el 'popular', de una "mera irregularidad administrativa que "no poseería ningún efecto invalidante".

Maldonado negó asimismo que no se hubiera seguido el procedimiento administrativo correcto previsto en la LOUA o que haya cometido algún tipo de negociación prohibida a funcionarios.

El PSOE denunció que pasaron cinco meses desde que se concedió la licencia hasta que se aprobó el convenio lo que, a su juicio, supone una "evidentísima irregularidad administrativa", en un municipio que sufrió también por ello "graves lesiones".

Éstas consistían, según el actual equipo de gobierno, en dar las ventajas a una empresa y los inconvenientes al consistorio.