Granada.- Condenados a un año de cárcel dos bomberos sindicalistas por filtrar exámenes de oposición en 2003

GRANADA, 25 (EUROPA PRESS)

La Audiencia provincial de Granada ha condenado a dos bomberos sindicalistas a un año de prisión por un delito de revelación de secreto cometido por funcionario público por el que se les inhabilita también por tres años como funcionarios del Ayuntamiento de la capital granadina.

Según la sentencia, a la que tuvo acceso hoy Europa Press, el tribunal absuelve a los acusados, J.M.B.S y G.M.G., del delito continuado de falsedad en documento oficial que también les atribuía el Ministerio Público, que solicitaba para ambos seis años y medio de cárcel.

La sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia provincial de Granada es de este modo inferior a la anteriormente emitida por un tribunal diferente de esta misma sección y que anuló el Tribunal Supremo después de que una de las defensas recurriera dicho fallo que condenó a J.M.B.S. a cinco años de cárcel y a G.M.G. a dos.

En la filtración de preguntas de un ejercicio de la prueba participaron de manera "directa, material y voluntaria" los dos acusados, según el fallo, que se basa como prueba principal de cargo en la testifical del único opositor interino que no participó en la "especie de pacto de silencio" que observó el tribunal, el acta notarial con las preguntas y respuestas que éste tenía en su poder antes del examen y la grabación de una conversación.

En ella los dos acusados y otra persona ya fallecida, todos miembros del tribunal, planeaban como filtrar las preguntas a los bomberos interinos ya que el objetivo era que aprobaran ellos. Fue grabada, según por J.M.B.S., para mostrar así el fraude en la oposición.

Él fue luego el que denunció los hechos y para ello decidió "infiltrarse" a modo de "topo" entre sus compañeros vocales técnicos del tribunal para demostrar los hechos, si bien sostiene el tribunal que fue cuando estaba "acorralado". Entonces decidió admitir las irregularidades que había cometido y entregar la grabación realizada al juzgado, tras dar "varias largas".

La autoría de G.M.G. en los hechos "no admite discusión", según la sentencia, que establece por esa filtración una responsabilidad penal de la que tampoco escapa J.M.B.S. pese a que manifestara que lo único que pretendía era destapar el fraude en la oposición y obtener su anulación. Hubiera bastado, precisa la resolución, presentar la grabación al presidente o al secretario del tribunal o destapar el fraude cuando se reunió para elaborar las preguntas.

La cuestión es que "no sólo no lo impidió, sino que en su afán desmedido por anular el proceso selectivo a su modo de ver injusto, no sólo consintió que otro miembro filtrara las preguntas, sino que él mismo realizó actos directos de revelación entregándoselas a un tercero, abusando de la confianza que éste había depositado en él, sin dudar en utilizar el engaño y la traición para conseguir su propósito".

El fin buscado, incluso a costa de incurrir en responsabilidad penal, "no excluye el dolo en su conducta", según consta en la sentencia, que ve "sinceras y dignas de credibilidad" en lo sustancial las manifestaciones de J.M.B.S. porque aparecen corroboradas por una testifical que es complementaria, la del opositor que desveló que tenía las preguntas.

La sentencia absuelve a los acusados del delito de falsedad documental imputado al ser la prueba de cargo aportada por el Ministerio Fiscal "insuficiente" para desvirtuar la presunción de inocencia. Los condenados deberán ahora pagar una cuarta parte de las costas procesales causadas incluidas las del actor civil, el Ayuntamiento de la capital, que cifró los daños ocasionados en 15.709 euros.

La prueba, que pretendía cubrir 16 plazas de bomberos del Ayuntamiento de Granada, fue paralizada en noviembre de 2003, desde cuando permanece paralizada a la espera del resultado del proceso penal y de los recursos contencioso-administrativos interpuestos.