El PP afirma que la nueva tasa sanitaria aprobada por el PSOE en la Junta forzará a los responsables de los mataderos granadinos a trasladarse a otras comunidades autónomas

El PP ha afirmado que la nueva tasa sanitaria que grava la actividad de los mataderos andaluces, aprobada recientemente por el PSOE en la Junta de Andalucía, forzará a los responsables de los mismos a trasladarse a otras comunidades autónomas, ante la imposibilidad de hacer frente a los numerosos gastos mensuales que les supondrá el pago de este nuevo impuesto.

El secretario general del PP de Granada, Antonio Ayllón, ha explicado que la nueva cuota tributaria, mediante la cual los veterinarios encargados de inspeccionar los mataderos van a cobrar por el número de visitas que hagan a los mismos, cuando anteriormente se hacía según el número de animales o productos derivados que se tramitasen, conllevará que los gastos mensuales de los mataderos se multipliquen hasta por tres, pasando de los 2.000 euros que pagan a día de hoy hasta casi los 6.000 euros.

"De esta forma, la Junta ha establecido el precio de las fracciones horarias que los empresarios tendrán que pagar a los veterinarios en 31,29 euros por hora en días laborables y 62,58 euros cada hora en sábados y festivos, a lo que hay que añadir el pago de una tasa de 109 euros por cada visita que el inspector realice a las salas de despiece", informaron los populares.

Ayllón ha confirmado que esta situación es inviable para el mantenimiento y la nueva creación de pymes granadinas, a favor de las grandes industrias cárnicas, y tendrá consecuencias directas y negativas sobre el precio final de la carne que llega al consumidor. El dirigente popular ha explicado que Andalucía, a diferencia de otras comunidades, paga la tasa más alta por animal, 0,64 euros por cabeza de ganado, frente a los 0,17 euros que se pagan en Cataluña o los 0,29 euros de Castilla-La Mancha, mientras que en Murcia ni siquiera se paga tasa sanitaria alguna.

Por otro lado, el secretario general del PP ha llamado la atención en el gran daño que esta medida supondrá para la economía familiar, así como la repercusión tan "nefasta" que tendrá en las cifras de paro en la provincia de Granada. "Si en los últimos cuatro años, las políticas de empleo del PSOE han generado 11.000 parados más, tras esta medida impuesta, la cifra superará los 12.000 desempleados", apuntó el popular.

En este sentido, el diputado provincial del PP José Torrente explicó que Granada cuenta a día de hoy con 14 mataderos, donde trabajan una media de 10 personas, "lo que supone que más de 100 granadinos se irán a la calle si su empresa se ve obligada a trasladar su negocio a otra comunidad donde no se le asfixie con los impuestos y tasas". En el caso de Andalucía, el cierre o pérdida de volumen de producción de los más de 500 mataderos que funcionan a pleno rendimiento conllevará el despido de casi 5.000 trabajadores directos e indirectos, "desde el que engorda al animal hasta el que produce la bandeja de plástico donde se sirve la carne al consumidor", apuntó Torrente.

Por otro lado, el diputado popular ha criticado duramente la forma "oscura, torticera y sórdida" en la que esta tasa fue aprobada por parte del PSOE en la Junta de Andalucía. "Los socialistas se sirvieron de la tramitación de la nueva Agencia Tributaria Andaluza para incluir, por la puerta de atrás y como disposición final, una nueva tasa que grava la actividad de mataderos y salas de despiece, utilizando una auto enmienda del grupo socialista para su aprobación definitiva", declaró José Torrente, quien aseguró que "la creación de esta tasa sin la más mínima cobertura legal ni diálogo entre partidos obliga al PSOE a dar explicaciones a los granadinos de por qué más de cien personas van a perder su trabajo y las empresas pequeñas se tienen que marchar de Granada si quieren sobrevivir".

No obstante, Torrente afirmó que esta denuncia "no significa un no a la aprobación de tasas, sino la petición de unos impuestos justos, proporcionales, equilibrados y que sean viables para las empresas". El diputado del PP confesó que teme que esta nueva medida socialista "no persiga más que un fin recaudatorio a través de la Consejería de Agricultura para que los socialistas se lo gasten en publicidad y propaganda de auto bombo".