Avanzar en la igualdad y conseguir una ley de plazos que regule el aborto, contenidos de la moción que IULV-CA presentará con motivo del 8 de marzo

La portavoz del Grupo Municipal de IULV-CA en el Ayuntamiento de Granada ha presentado hoy en rueda de prensa la moción que su grupo llevará al próximo pleno ordinario de febrero en la que plantea alcanzar dos puntos de acuerdo. En palabras de Lola Ruiz Domenech "se trata de que el ayuntamiento pleno se comprometa a llevar a potenciar y desarrollar todas aquellas medidas que garanticen la igualdad real para lo que es necesario contar una ley de plazos que regule el derecho al aborto de manera que éste deje de ser un delito".

La edil de la organización de izquierdas considera que "todos y cada uno de los días del año hay que trabajar para conseguir lo que siempre ha perseguido la lucha de las mujeres: la igualdad y la búsqueda de un mundo mejor donde no exista discriminación ni desigualdades" y especialmente ante el 8 de marzo quiere implicar al ayuntamiento pleno para que renueve su compromiso para seguir trabajando en este camino desarrollando y poniendo en marcha medidas eficaces para que la igualdad real y total sea un derecho conseguido y no una reivindicación pendiente para lo cual, también es imprescindible que el aborto deje de ser un delito en nuestro país (sólo despenalizado en tres supuestos: violación, malformación del feto, enfermedad grave de la mujer) y esté regulado por una ley de plazos.

La portavoz municipal recuerda que como representantes públicos, "la igualdad debe ser nuestro objetivo prioritario, porque la ciudadanía nos ha otorgado la responsabilidad de, entre otros cometidos, modificar los hábitos culturales y de conducta que aún perviven en la sociedad y que siguen permitiendo que gran parte de la humanidad padezca discriminación sólo por razón de su sexo" sostiene Lola Ruiz Domenech quien considera que los ayuntamientos, desde sus competencias, tienen, pueden y deben abordar íntegramente todas aquellas materias en que la desigualdad está presente. Tanto en el ámbito laboral, donde se requieren intervenciones directas en el cumplimiento de la legislación que impidan las discriminaciones salariales y/o profesionales, especialmente, en aquellas empresas que opten a contratos con la Administración local. Y que las políticas de formación y empleo incorporen realmente la perspectiva de género en todas las actuaciones.

También en nuestro ámbito territorial es necesario aumentar la intervención política y presupuestaria, para crear una red de prestaciones y de recursos sociales que faciliten a las mujeres la incorporación plena a la vida pública, profesional y laboral. Así como incidir decididamente para que la publicidad y los medios de comunicación no puedan emitir mensajes discriminatorios y ofensivos contra la dignidad de las mujeres: Junto con aumentar las medidas para hacer realidad que Granada sea una "ciudad libre de violencia sexista

Además, la edil de IULV-CA constata que ante el 8 de marzo de 2008 no se puede olvidar la situación vivida por las clínicas que realizan interrupciones voluntarias del embarazo y por las mujeres perseguidas por ello, lo que, en palabras de Lola Ruiz Domenech "refleja que desde la entrada en vigor de ley 9/1985 sobre despenalización de determinados supuestos del embarazo se ha puesto de manifiesto las limitaciones y restricciones de esta legislación debido principalmente a: la consideración de delito que el aborto tiene todavía hoy en España, la privatización de esta prestación en el 97% de los casos, la ambigüedad a la que se somete a los profesionales sanitarios y la hetoregeneidad existente a nivel autonómico en el acceso a esta prestación".

Para la edil de la organización de izquierdas el derecho a decidir sobre el propio cuerpo y sobre su maternidad ha de ser de las mujeres, sea cual sea la causa que motive su decisión, y no puede estar penado ni directa ni indirectamente ni tampoco ser sometido a tutela. "Una sociedad que avanza o debería de avanzar hacia la igualdad y hacia el respeto a la mujer debería empezar por garantizar la prestación sanitaria de interrupción voluntaria del embarazo en la red pública" afirma Lola Ruiz Domenech.

Los países de nuestro entorno europeo, a excepción de Irlanda, disponen ya de una ley de plazos plenamente respetuosa con la libertad de las mujeres a la hora de decidir sobre su propia maternidad, sin necesidad de apelar a alguna indicación, ni tutela. La IV Conferencia Mundial de la Mujer, celebrada en Pekín en el año 1995, ya recomendó revisar cualquier legislación punitiva del aborto, pero el Gobierno Español sigue sin hacer cambios. También el Parlamento Europeo recomienda que para proteger la salud reproductiva y los derechos de las mujeres el aborto sea legal, seguro y accesible para todas las mujeres. Mientras tanto, plantea Lola Ruiz Domenech, "en nuestro país, a la ambigüedad de nuestra legislación hay que sumar que existen una serie de cuestiones que agravan una situación ya de por sí complicada como son la insuficiencia en los programas de prevención, un 63% de las jóvenes menores de 24 años que han abortado no había ido a ningún centro de planificación familiar, la ausencia de una correcta educación sexual entre nuestra juventud y la falta de información y financiación de los métodos anticonceptivos, aspectos que tienen una incidencia directa en el incremento de embarazos no deseados"

Por lo que IULV-CA presenta una moción con dos puntos de acuerdo. En el primero plantea que el ayuntamiento continúe su labor para generar que Granada sea una ciudad de sujetos iguales en derechos y obligaciones, posibilitando los cauces para que hombres y mujeres tengamos las mismas posibilidades de desarrollo a través del desarrollo de acciones y programas que fomenten la sensibilización y la plasmación de la igualdad real entre hombres y mujeres; fomentando una educación basada en valores igualitarios y de respeto, que permita poner fin a los roles basados en la desigualdad y la discriminación por razón de sexo; y garantizando que todas las medidas que se adopten, sean vinculantes y estén sustentadas sobre los recursos materiales y personales y normas complementarias que hagan efectivo su cumplimento y evaluación.

El segundo punto de acuerdo de dicha moción recoge que el Ayuntamiento pleno acuerda instar al Gobierno de la Nación a que se inicie un diálogo entre las fuerzas políticas y sociales para la defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, que aborde, entre otros, el derecho de la mujer a decidir sobre su propia maternidad con las debidas garantías legales, sociales y sanitarias, procediendo para ello a las oportunas reformas del Código Penal que nos permitan evolucionar hacia una ley que regule la interrupción voluntara del embarazo según un sistema de plazos; la generalización de la prestación sanitaria de interrupción voluntaria del embarazo dentro de la red sanitaria pública; la regulación de la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios; la mejora del sistema de información, financiación y acceso de los anticonceptivos; la introducción en el currículo escolar de contenidos relacionados con la educación afectivo-sexual. "El 8 de marzo de 2008 tiene que ser una fecha en la que el Ayuntamiento de Granada renueve y potencie su compromiso para continuar el camino que haga realidad la igualdad real para lo cual es imprescindible que el aborto deje de ser un delito en nuestro país y haya una ley de plazos que lo regule" concluye Lola Ruiz Domenech.