Granada .-Fiscal recurre la sentencia que condena al arzobispo, quien ejerció una 'potestad disciplinaria'

GRANADA, 21 (EUROPA PRESS)

La Fiscalía ha recurrido la sentencia que condena al arzobispo de Granada, Francisco Javier Martínez, a pagar una multa de 3.750 euros por un delito de coacciones y una falta de injurias contra un sacerdote, ya que entiende el Ministerio Público que el arzobispo se limitó a ejercer una "potestad disciplinaria".

Según el recurso de apelación presentado ante la Audiencia provincial de Granada, que interesa la revocación de la sentencia para que dicte otra absolutoria, el fiscal asegura que "no existe ilicitud" en el acto por el que fue condenado el arzobispo, así como tampoco "intención dolosa".

El Ministerio Público entiende que "lo único que hizo el acusado fue utilizar el ordenamiento canónico para el ejercicio de una potestad disciplinaria" ante la comisión de las correspondientes y presuntas faltas disciplinarias por parte del sacerdote.

El juez, que basó en el enfrentamiento con CajaSur el inicio de la causa, lo hizo con afirmaciones "sin refrendo probatorio alguno", según el fiscal, que tilda de "intrascendente" la cuestión, además que considerar que "no puede entenderse acreditado que existiera una mala relación con la citada entidad".

En suma, entiende el fiscal que no hubo coacciones por parte del arzobispo hacia el sacerdote en la paralización del libro que fue encargado por CajaSur sobre la Catedral de Granada, además de considerar que la falta de injurias había prescrito.

Además, el juez, Miguel Ángel Torres, se pronuncia en su sentencia sobre hechos que "a todas luces escapan del objeto del proceso penal, sobre personas que no han comparecido en el proceso y reprocha a otras que lo hicieron en calidad de testigos conductas de cierta significación penal", apunta el fiscal.

La condena se produjo porque entiende el juez que se obliga al sacerdote a "paralizar a la fuerza" un libro sobre la Catedral --encargado por el anterior arzobispo, Antonio Cañizares, que sería financiado por CajaSur y coordinado por el denunciante, Javier Martínez Medina-- para conservar su puesto. Esta presión fue acompañada de la suspensión de sueldo, un medio coercitivo más sobre su persona para quebrantar su voluntad.

Asimismo, se condenó al arzobispo por una falta de injurias por las expresiones proferidas sobre la supuesta apropiación indebida por parte del denunciante de bienes del archivo o la catedral, que no han quedado acreditados, porque eran "innecesarias y excesivas", según la sentencia, ya que no existe el menor elemento que permita pensar que Martínez Medina se apropió de algo que no fuera suyo.