Atarfe - Tribunales.- Fiscal mantiene cargos contra alcalde y ediles de Atarfe y un cargo de la Junta por los vertidos

GRANADA, 29 (EUROPA PRESS)

La Fiscalía mantuvo hoy la acusación contra el alcalde de Atarfe (Granada), Víctor Sánchez (PSOE), y dos ediles Tomás Ruiz y Luis Pozo, para los que pide año y medio de prisión, así como inhabilitación para el que fuera jefe del Servicio de Bienes Culturales de la Consejería de Cultura, José María Visedo, por un delito contra el medio ambiente, a consecuencia de unos vertidos ilegales en un acuífero del municipio.

Tal y como presentó en el escrito de calificación provisional, que elevó hoy a definitivo en el juicio oral, que quedó visto para sentencia en el Juzgado de lo Penal 2 de Granada, el Ministerio Público presentó como alternativa a la pena de cárcel solicitada para los responsables del Ayuntamiento ocho años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, además de una multa de 12.960 euros para cada uno.

Para Visedo pide inhabilitación por ocho años y una multa de igual cuantía que a los ediles. La defensa, por su parte, solicitó la libre absolución de todos los acusados porque no han quedado acreditados los hechos y además el Ayuntamiento, sostiene el letrado, no tiene competencias ambientales más que en el núcleo urbano del municipio, no en el rural.

En su informe, el representante del Ministerio Público explicó que era competencia del Ayuntamiento la gestión de los residuos urbanos no peligrosos, tales como escombros de obra, que junto a tierra y objetos metálicos fueron arrojados a las balsas, lo que elevó el nivel del agua que en ellas se contenía y el alpeorujo que sobrepasó la zona de impermeabilización plástica.

Al menos el Ayuntamiento "silenció" la infracción de la que debería tener conocimiento, entiende el fiscal, que fue más allá y apuntó al alcalde y los dos ediles como responsables de la gestión de los residuos que fueron echados a las balsas aprovechando la pendiente de un barranco y desplazaron, por la presión, el alpeorujo hacia la parte calcárea.

"Era la forma rápida de quitarse el problema", dijo el fiscal, que consideró acreditado que fue el Ayuntamiento el que realizó los vertidos, el aterramiento y permitió, según estimó, el peligro por el "exceso de límites de toxicidad" que se detectó en las balsas. Por ello considera que se han dado todos los elementos necesarios para enervar la presunción de inocencia de los acusados.

La defensa, que solicitó la libre absolución de los acusados, comenzó su informe aludiendo a la "indefensión absoluta" que, a su juicio, se ha producido en el caso por la acusación "sesgada que ha dejado normas importantísimas", según precisó, sin detallar.

En cualquier caso, prosiguió su argumentación explicando que el Ayuntamiento no tiene competencias medioambientales en el núcleo urbano del municipio, por lo que no se les puede exigir responsabilidad alguna, además de destacar que la balsa estaba perfectamente permeabilizada, algo que no negó el Ministerio Fiscal quien indicó que lo que hicieron los residuos fue elevar el nivel del alpeorujo hasta la zona no permeabilizada.

Además, no es alpeorujo, según dijo, lo que se halló en las balsas, sino jámila, y tampoco hay dato previo que permita llegar a la conclusión de que la sustancia tiene un principio contaminante, como tampoco que afecta a las agua subterráneas de Raja Santa, que están a 800 metros lineales de la balsa.

"No se ha hecho prueba alguna de si las grietas llegan a un sitio u otro", criticó el letrado de la defensa que consideró que no ha quedado probado el riesgo al que alude el Ministerio Fiscal en su acusación, a tenor de los informes del Seprona que advirtieron de la existencia de vertidos de alpeorujo en el acuífero de Raja Santa y cuya defectuosa impermeabilización provocaba el riesgo de derramamiento del alpeorujo a la tierra.

Pese a tener constancia el responsable de la Junta, según el fiscal, ordenó la suspensión de paralización de los mismos en una zona declarada Bien de Interés Cultural (BIC), en la que se arrojaron escombros para "taparlas". La defensa alega que simplemente se limitó a actuar conforme a la legalidad y realizó una propuesta de resolución que fue firmada posteriormente por un superior.

Además, la defensa cuestionó la toma da muestras del agua que no está acreditado, en su opinión, que se haya hecho en base a jurisprudencia, al tiempo que subrayó que ya hubo una sanción por este caso a una empresa por lo que se ha vuelto, según dijo, a juzgar unos hechos que fueron previamente cerrados en un procedimiento anterior.

En su declaración los acusados negaron tener responsabilidad en el delito ecológico que se les imputa y derivaron en otros la falta de control de los vertidos que contaminaron Raja Santa. Ninguno de los cuatro acusados hizo hoy uso del derecho que la ley concede a pronunciar la última palabra.