Izquierda Unida teme que la falta de equipamientos públicos para mayores propicie el negocio privado inmobiliario.

El grupo municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Granada presentará al próximo pleno municipal una moción en la que pedirá el respaldo de todos los grupos políticos para que se exija a nivel provincial y autonómico la habilitación de equipamientos mínimos para las personas dependientes y el resto de necesidades en intervención social. "El catálogo de prestaciones, teleasistencia, ayuda a domicilio o ingresos en centros de día tienen que ser ofrecidos, con carácter técnico, desde la valoración de los servicios sociales de la Junta de Andalucía" asegura Manuel Morales para quien el problema reside en la escasez de las instalaciones sociales para dar respuesta a las necesidades sociales existentes y las prescripciones realizadas por los trabajadores sociales a partir del catálogo de servicios ofertados por la Ley con carácter técnico.

Según datos aportados por el edil de IU, en estos momentos hay 2.200 solicitudes de personas que presentan necesidades de tercer grado de atención mientras que existen sólo 237 plazas para estancia diurna, "un número completamente insuficiente para las personas dependientes que necesitan atención", señala Morales. Un problema añadido a esta situación es que este servicio se presta en centros concertados, no pertenecientes ni a la administración autónoma ni a la municipal. Y es en este sentido en el que Izquierda Unida presenta esta moción para que se pongan en funcionamiento "cuantas residencias de mayores, centros de día o unidades de respiro familiar se necesiten para cubrir la demanda existente con el personal seleccionado públicamente y condiciones laborales dignas", afirma el edil de IU.

Por ello, es necesario un Plan Director general de la Junta de Andalucía y planes municipales para las grandes ciudades que resuelvan este tema y "el Ayuntamiento debe reclamar a la Junta de Andalucía este plan al igual que lo hace con el de las instalaciones deportivas o educativas", explica Morales quien adelanta que, la falta de instalaciones preparadas para atender las necesidades de las personas mayores puede iniciar la actividad privada inmobiliaria que ya realiza estudios de mercado para conocer la disponibilidad de terrenos para construir residencias. "Debe ser la administración quien garantice el cuidado de las personas dependientes y posea sus propios equipamientos sociales para evitar que la Ley de Dependencia se convierta en un negocio privado y así lo desearán quienes no apoyen nuestra moción", señala el concejal de IU.