Granada - Junta confirma que el Ayuntamiento no ha pagado lo que adeuda de intereses a EPSA, que asciende a 720.000 euros

GRANADA, 2 (EUROPA PRESS)

La delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Granada, Teresa Jiménez, ha confirmado que el Ayuntamiento de Granada no ha pagado lo que adeuda a la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA) por no abandonar el ferial de Almanjáyar según el convenio suscrito en junio de 2002, que asciende a 720.000 euros.

En una entrevista concedida a Europa Press, Jiménez recordó que fue entonces el equipo de gobierno del socialista del entonces alcalde José Moratalla el que negoció la venta de suelo ocupa el ferial, que en la siguiente legislatura, José Torres Hurtado (PP), recurrió.

"Son terrenos que pertenecen al gobierno andaluz en los que hay prevista la construcción de viviendas para responder a las necesidades de 1.200 familias, con un porcentaje importante de VPO", señaló la delegada.

Teresa Jiménez mantuvo además que será a los cuatro años cuando el Ayuntamiento tendrá que ceder los terrenos a su propietario, que es la Junta de Andalucía. Mientras, dijo, se está a la espera de tener una sentencia firme, aunque ya hay una respuesta judicial que da la razón al gobierno autonómico.

Precisamente ayer, la portavoz de IULV-CA en el Ayuntamiento de Granada, Lola Ruiz, criticaba que el Consistorio granadino haya solicitado un crédito extraordinario de 776.000 euros para hacer frente a la deuda.

PGOU DE GRANADA.

Por otro lado, la delegada sostuvo que la Junta trabaja con el Ayuntamiento de Granada y el resto de municipios granadinos en la adaptación de sus Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU) a la Ley de Ordenación Urbana de Andalucía (LOUA).

"Pero corresponderá al Ayuntamiento de Granada --como a los consistorios del resto de municipios-- consensuar su PGOU con el resto de grupos políticos, abrirlo a debate y definir qué modelo quiere de ciudad", manifestó Jiménez.

En este sentido, según explicó, la Junta ha propuesto subvencionar a los ayuntamientos que así lo deseen un estudio acerca de las necesidades de vivienda reales de los municipios y en el que también podrán evaluar el grado de cumplimiento de su actual PGOU.

Éste también podrá ser un trámite para que los ayuntamientos se adapten a la nueva Ley de Vivienda propuesta por el gobierno de Manuel Chaves, de manera que se construyan "tantas VPO como de suelo sean capaces de ofrecer".