Granada.- El arzobispo de Granada será juzgado el 14 de noviembre por el juez Miguel Ángel Torres

GRANADA, 1 (EUROPA PRESS)

El juicio contra el arzobispo de Granada, Francisco Javier Martínez, por la posible comisión de los delitos de calumnias, injurias, coacciones, lesiones psicológicas y contra la integridad moral de los que le acusa un sacerdote se ha fijado para el próximo 14 de noviembre en el Juzgado de lo Penal número 5 de Granada, cuyo titular es Miguel Ángel Torres.

Fuentes judiciales informaron a Europa Press de la fecha del señalamiento que fija para noviembre el juicio contra el prelado, sólo eludible ya si llegan a un acuerdo las partes, algo que, de momento, no es muy probable porque "no se ha producido aproximación alguna", según fuentes del caso, que no descartan totalmente la opción.

El Juzgado de Instrucción número 1 de Granada instruyó la causa y acordó el pasado mes de marzo la apertura de juicio oral después de transformar las diligencias previas en procedimiento abreviado, un auto judicial que fue recurrido por la Fiscalía, que solicita la libre absolución del prelado, al igual que la defensa del arzobispo.

Pese a ello, la Audiencia provincial de Granada desestimó los recursos interpuestos interesando el archivo de las actuaciones que se siguen contra el arzobispo puesto que existe un "amplio material probatorio" que ha sido recogido en la fase de instrucción del proceso que "indica a primera vista la existencia de posibles infracciones penales".

El querellante, ahora ex canónigo, pidió al arzobispo que se retractara de sus acusaciones realizadas en una carta, fechada en diciembre de 2005, sobre una supuesta apropiación indebida de los derechos de propiedad intelectual de un libro de la Catedral, encargado por el anterior arzobispo, Antonio Cañizares, a lo que se negó Francisco Javier Martínez.

En su declaración ante el juez el arzobispo negó los hechos que se le imputan, así como "querer dañar" al querellante y dijo que "sólo gobernó la Diócesis para bien de la misma y administrar los bienes de acuerdo con la responsabilidad que tiene confiada". Por los cargos el sacerdote pide un multa y no pena de prisión, además de renunciar a la posible indemnización que pudiera derivarse.