IU asegura que el primer año de la Ley de Dependencia arroja un balance muy preocupante en Granada

El parlamentario andaluz de Izquierda Unida por la provincia de Granada, Pedro Vaquero del Pozo, valora la gestión de la Ley de Dependencia realizada por el gobierno andaluz como muy frustrante "pues se tenían grandes esperanzas puestas en ella, y sin embargo no hemos llegado ni vamos a llegar a cubrir mínimamente los objetivos, pues según los datos, en Granada sólo se van a resolver el 23´70% de las solicitudes presentadas" indica el parlamentario de IU quien asegura que a día de hoy "ni siquiera llegan las valoraciones realizadas a la mitad de las previsiones, ya que sólo se han realizado 590 valoraciones, el 9´44%, de las 6249 solicitudes presentadas en los ayuntamientos y la Consejería de Igualdad y Bienestar Social".

Para Pedro Vaquero estos datos son aún "mas preocupantes" por el hecho de que este primer año sólo se detectan y valoran los casos de dependencia severa, unas 60.000 solicitudes en Andalucía, de las 250.000 que se prevén que tendrá que cubrir la administración de la Junta que sólo ha concertado hasta finales de año cubrir 6712 solicitudes, de las cuales 1481 corresponden a Granada, es decir sólo el 11´71% de las solicitudes presentadas.

Las causas de este retraso, según Izquierda Unida, se deben a la improvisación que ha caracterizado los primeros momentos de la aplicación de esta ley, que no tiene prevista ni financiación suficiente, "pues con 128 millones de euros para toda Andalucía no es posible crear las condiciones que necesitan el desarrollo de la ley", ni preparación y formación suficiente de los gestores "especialmente los ayuntamientos que han tenido que cubrir con enorme voluntarismo las deficiencias de la Junta", ni la coordinación necesaria entre las administraciones.

Para corregir esta situación Pedro Vaquero plantea la necesidad de crear con urgencia el Consejo Territorial Andaluz del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, y del Consejo Asesor de Andalucía, que concreten el número de centros base, infraestructuras y cuerpo técnico necesarios en Andalucía para la atención de todas las solicitudes, que garantice la participación de los colectivos sociales que trabajan en el ámbito de la dependencia, de los sindicatos y de las administraciones y para garantizar la gestión pública y de calidad de los servicios.

Asimismo el parlamentario de IU propone triplicar la financiación de esta ley en los presupuestos, tanto del Estado como de la Junta, "par contemplar los flecos de la primera fase y para agilizar sus pasos de tal modo que no sean por razones económicas que se deje fuera del sistema a nadie". IU propone además crear dentro de la institución del Defensor del Pueblo Andaluz la figura del defensor de las personas con dependencia.