Granada - 56 de las 69 diligencias incoadas en 2006 en MMAA son por delito contra ordenación del territorio

GRANADA, 14 (EUROPA PRESS)

Un total de 56 de las 69 diligencias de investigación penal incoadas por el Servicio de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Patrimonio Histórico de la Fiscalía de Granada lo fueron por un delito contra la ordenación del territorio, la mayoría por construcciones ilegales, entre las que destaca el caso del Parque Comercial Nevada de Armilla.

Según la Memoria de la Red de Fiscales Medioambientales de Andalucía, hecha pública hoy, el "importante aumento" de las diligencias incoadas en materia de ordenación del territorio se debe principalmente a las "reiteradas denuncias planteadas por particulares sobre actuaciones urbanísticas irregulares por las que se ven directamente afectados".

Además, también cabe destacar el inicio de investigaciones de oficio por parte de la Fiscalía ante la aparición de algunas noticias en los medios de comunicación y vinculadas a infracciones de la misma naturaleza en el ámbito municipal y, en tercer lugar, la presentación de denuncias por parte de algunos partidos políticos con responsables públicos de otros grupos políticos antagónicos.

El resto de diligencias incoadas lo fueron siete por un delito medio ambiental, cinco por delito contra el patrimonio histórico, cinco por delito contra la flora y fauna y una por la posible existencia de un incendio forestal.

En cualquier caso, en la Memoria, la Fiscalía reitera que son las asociaciones constituidas para la defensa del medio ambiente, entre ellas Ecologistas en Acción y Juristas por la Sostenibilidad Ambiental, las principales impulsoras de la investigación fiscal.

Pese a ser un elemento positivo y dinamizador, el Ministerio Público también reconoce que en ocasiones hay que valorar negativamente la insistencia en denunciar como figuras delictivas las que son meras infracciones administrativas.

INSTRUMENTALIZACIÓN PARTIDISTA

El fiscal destacó en las que afectan a recursos naturales el caso de Raja Santa, en Atarfe, donde se ha formulado escrito de acusación contra tres ediles del Consistorio y un funcionario de la Delegación de Cultura por contaminación de aguas subterráneas.

En lo que respecta a la ordenación del territorio se han incoado 56 diligencias, la mayoría por construcciones ilegales que son perseguidas al amparo del artículo 319.2 del Código Penal, entre las que destaca el caso del Parque Comercial Nevada de Armilla, cuyo decreto de denuncia reproduce en su integridad la Memoria como anexo del informe.

La Red de fiscales lamenta, sin embargo, la existencia de "cierta instrumentalización partidista" de estas complejas investigaciones, un elemento que consideró "muy negativo" que "no duda en poner en tela de juicio tanto la actuación fiscal como la judicial si el resultado de la misma no es el apetecido por su promotor".

DEGRADACIÓN DE CALLES

Sobre el Patrimonio Histórico, el Ministerio Público considera que existe "falta de vigilancia policial adecuada" lo que debería ser corregido con "urgencia" y debería ser "combatida más eficazmente la creciente degradación de algunas calles céntricas y de gran valor estético de la capital, prácticamente abandonadas durante años a distintas situaciones de vandalismo".

Así los altos niveles de contaminación acústica y visual, el exceso de tráfico rodado por vías inadecuadas o de gran valor histórico y las intervenciones con formas de mobiliario urbano "poco respetuoso" con el entorno son actuaciones que inciden "muy negativamente en la preservación del legado histórico" porque no permiten que "arraigue" entre la ciudadanía una mentalidad proclive a la conservación responsable.

Por otra parte, en lo que respecta a los delitos contra flora y fauna es significativa la "dificultad" de búsqueda de prueba y el elevado número de archivos, siempre por falta de un autor conocido, demuestra lo difícil que es obtener pruebas concluyentes.

En el Partido Judicial de Motril destaca la amplia actividad investigadora en asuntos relativos a incendios, algo que también ocurre en Órgiva, si bien el resultado en éste último es desalentador, según la Memoria.

CONTAMINACIÓN MÚLTIPLE

El informe del fiscal concluye con un tema de referencia en años anteriores, el botellón, y para ello insta a la administración local a establecer una "prohibición generalizada" para las prácticas de concentraciones juveniles sobre todo el zonas de valor histórico incuestionables.

Para ello, destaca el Ministerio Público, cuenta la administración con la promulgación de una ley autonómica en 2006, la conocida como 'Ley Antibotellón', que puede ser "muy beneficioso" para combatir estas formas graves de "contaminación acústica y visual" que, por su persistencia, continuidad e impunidad terminan por convertirse en un verdadero problema que impide el disfrute de la riqueza colectiva con la oportuna normalidad y sosiego.