Alhendín - Dos últimos ediles del PP imputados en Alhendín dicen que actuaron conforme a los informes técnicos

SANTA FE (GRANADA), 7 (EUROPA PRESS)

Los dos últimos ediles del PP imputados por la posible comisión de un delito de prevaricación por el caso Alhendín, que investiga la presunta trama de corrupción urbanística en el municipio granadino, manifestaron hoy ante el juez que hicieron siempre lo que su conciencia les dictaba conforme a los informes técnicos que a ellos les leían.

Ambos, el teniente de alcalde Salvador Nogueras y la edil María José Garrido, que prestaron declaración ante el juez de Instrucción número 2 de Santa Fe, fueron interrogados sobre las licencias otorgadas al polígono Marchalhendín y a la empresa Frai, como miembros de la Junta de Gobierno Local, según informaron a Europa Press fuentes del caso.

Indicaron, por lo tanto, que no conocían la existencia informes desfavorables puesto que el que fuera edil de Urbanismo Manuel Fernández, que fue detenido por esta causa y se encuentra en libertad bajo fianza, no se lo comunicó.

También declaró hoy el técnico municipal J.M.Z., al que se le acusa de la posible comisión de un delito contra la ordenación del territorio, que fue interrogado básicamente sobre la concesión de licencia a una gasolineras. Al respecto, indicó que ésta cumplía los requisitos y que él desconocía que fuera de familiares del ex alcalde José Guerrero, también imputado.

El juez tomó declaración además a dos empresarios, imputados por la posible comisión de un delito de cohecho, quienes aseguraron que entre ellos mantuvieron sus disputas, pero negaron que nadie les solicitara dinero a cambio, aunque sí conocían la importancia que para el Ayuntamiento tenía el proyecto de Marchalhendín.

Seis horas se prolongaron las declaraciones de los cinco imputados ante el titular de Instrucción número 2 de Santa Fe que, de momento, no tiene previsto ampliar las mismas, según las fuentes consultadas.

En total el número de encausados en esta presunta trama de corrupción urbanística asciende a 14, si bien los más destacados son el que fuera alcalde del municipio José Guerrero y el ex edil de Urbanismo Manuel Fernández, además de los nueve empresarios imputados. Todos los que ya han declarado negaron los cargos que se le atribuyen ante el juez y manifestaron haber actuado conforme a la "legalidad".

El que fuera alcalde dimitió de sus cargos el pasado 10 de marzo por sentirse "presionado" tras los escándalos de supuesta corrupción urbanística que salpicaron a su equipo de Gobierno y de los que se desvinculó ante el juez al manifestar que actuó "conforme a la legalidad".

Días antes, tuvo lugar la detención del ex edil de Urbanismo Manuel Fernández que quedó en libertad bajo fianza de 18.000 euros, y al que se le imputan los delitos de cohecho, prevaricación, prevaricación urbanística, fraude y exacciones ilegales y, por último, alteración de precios en concurso público, de los que se declaró inocente ante el juez.