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Granada - El juez accede a la práctica pericial propuesta por las partes en el caso Nevada
GRANADA, 3 (EUROPA PRESS)
El titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Granada, Miguel Ángel del Arco, ha dictado un auto en el que accede a la práctica de la prueba pericial propuesta por las partes en el caso Nevada, que investiga las presuntas irregularidades en la tramitación del Parque Comercial de Armilla (Granada).
Según el auto, al que tuvo acceso hoy Europa Press, entre las medidas acordadas está la de conocer si la licencia de obras, concedida el 30 de septiembre de 2005, permite mayor edificabilidad u otros parámetros de aprovechamiento urbanístico o cualquier otro "tipo de beneficio" para el promotor, Tomás Olivo.
Igualmente, accede a que se compruebe si el Plan Parcial B recoge mayor edificabilidad, si la altura del semisótano puede elevarse atendiendo a las normas subsidiarias vigentes o si es computable la edificabilidad de los aparcamientos.
La caducidad del informe ambiental, si el acuerdo que concedió la licencia vulnera el PP-B y si permitía la realización de un proyecto en el PP-C o si la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Armilla en 2006 respeta el proyecto son otras de las cuestiones a analizar.
La ocupación de zonas verdes y la modificación de un vial supramunicipal por la autovía impuesta por Fomento y el metro ligero serán analizadas, entre otras cuestiones, por los extremos periciales que proponga el instructor mediante providencia.
En total accede el juez a realizar las periciales propuestas por el alcalde del municipio, José Antonio Morales Cara, el ex edil de Urbanismo Gabriel Cañavate, el promotor, Tomás Olivo, y los ediles que participaron en el plenario que adoptó el acuerdo.
Todos ellos están imputados en el caso Nevada, que instruye Del Arco, quien paralizó recientemente de forma cautelar "total e inmediata" las obras por entender que excedían las de seguridad autorizadas, a petición del promotor, tras la primera paralización.
Precisamente, Olivo compareció hoy ante el juez por "desobediencia grave" a la autoridad judicial en un delito contra la ordenación del territorio y aseguró que "todas las obras" realizadas en los últimos meses se correspondían con las relativas a garantizar la seguridad, tal y como estaba autorizado.
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