Armilla - El PP cree el auto de paralización del Nevada una 'fuerte reprimenda' a la 'no investigación anterior'
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El secretario general del PP de Granada, Antonio Ayllón, consideró hoy que el auto judicial que ordena la paralización cautelar de forma "total e inmediata" de las obras del Parque Comercial Nevada de Armilla (Granada) es una "fuerte reprimenda" a la "no investigación interior" por no haber puesto, entiende el PP, los medios adecuados a disposición del juez instructor.
En rueda de prensa, Ayllón indicó que, tras profundizar en los hechos, el juez en su auto ordena la "investigación patrimonial de 33 personas relacionadas con el alcalde --José Antonio Morales Cara-- y los ediles socialistas, además de la investigación de ocho sociedades" por lo que, según los 'populares', el "presunto cohecho --en este caso-- avanza a marchas forzadas".
A su juicio, esto supone que hay "sospechas de presuntos enriquecimientos ilícitos", al tiempo que pidió que se aclare el papel que han jugado esas sociedades en la tramitación del Parque Comercial Nevada, por cuyas presuntas irregularidades están imputados el actual regidor, el ex edil de Urbanismo Gabriel Cañavate y el promotor, Tomás Olivo, entre otros.
"Parece que los únicos que se han enterado de eso es el juez y la Fiscalía --continuó-- porque los que tienen que investigar eso o poner los medios a disposición de los jueces no se han enterado de nada". En este sentido, el portavoz del PP de Granada, Antonio Granados, reiteró las críticas a la Policía Nacional y en concreto al jefe de ésta en Andalucía Oriental, Luis de Haro Rossi, e hizo de nuevo alusión a la "doble vara de medir" con la que, según el PP, actúa ésta en Granada.
Pero los 'populares' hicieron referencia también al "lamentable" y "bochornoso" papel desempeñado por la Junta en este caso, a la que consideran "cómplice" de las presuntas irregularidades al "sustentar" la acción de los dirigentes en Armilla.
Al respecto, el portavoz 'popular' en la provincia pidió que se aclare a que se debe la "tibieza" con la que actuó la Junta de Andalucía en este caso. Esto eso, si fue por "irresponsabilidad" de los que fueran delegados de Obras Públicas --Pedro Fernández-- y Medio Ambiente --Gerardo Sánchez--, ahora candidatos a la Alcaldía del PSOE en Baza y Armilla, respectivamente; o a que obedecían "órdenes" de la dirección provincial de su partido.
El PP, partido del que partió la denuncia que derivó en el actual caso, exigió a su vez "responsabilidades políticas" al PSOE al que le dijo que "no le dé lecciones" de nada porque aún no han actuado y "guardan silencio" ante los casos de presunta corrupción urbanística que afectan al PSOE en la provincia.
Según el auto judicial, dictado por el titular de Instrucción número 6 de Granada, Miguel Ángel del Arco, la medida cautelar adoptada obedece a que se ha producido "una vulneración casi continua de las normas", puesto que fueron autorizadas sólo las que garantizaran la seguridad, a petición del promotor Tomás Olivo, imputado en la operación 'Malaya'.
El juez, previo al informe del Ministerio Fiscal, acuerda así paralizar las obras, que han producido un "daño social", para evitar que siga la construcción y la futura puesta en marcha de la actividad comercial, que sería una "burla" al sistema de garantías legales en su conjunto, así como se ve en el "patético" intento de "legalizarlo a posteriori" cometiendo toda clase de actos de licitud "más que dudosa".
Las obras, además, han producido un "daño social", según el juez, por la "perturbación urbanística" que supone construir contra el planeamiento vigente que acarrea, entre otras cuestiones, la distorsión del modelo urbano previsto, aumento de la densidad de edificación, así como la paralela disminución de los espacios y equipamientos comunes.
El "daño social" puede suponer también una "hipoteca irreversible" para la mejora del espacio urbano futuro, lo que junto a las consecuencias anteriores señaladas, se debe evitar, a juicio del instructor.
Por la tramitación supuestamente irregular del Parque Comercial, cuyas obras se paralizan de forma cautelar por segunda vez, están imputados el actual alcalde de Armilla, el ex edil de Urbanismo Gabriel Cañavate, el promotor, Tomás Olivo. Todos ellos deberán prestar de nuevo declaración ante el juez el próximo mes de mayo.
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