Alhendín - Representante de FRAi rechaza 'ilegalidad' en el procedimiento urbanístico de Novosur en Alhendín

Otro empresario imputado por Marchalhendín niega también el cohecho del que se le acusa

SANTA FE (GRANADA), 3 (EUROPA PRESS)

El representante del grupo FRAi, F.R.A., rechazó hoy ante el juez cualquier "ilegalidad" en el procedimiento urbanístico para el desarrollo de la urbanización Novosur, por la que se le vincula a la presunta trama de corrupción urbanística en el municipio de Alhendín (Granada), en la que están imputados también el ex edil de Urbanismo Manuel Fernández y el ex alcalde José Guerrero.

F.R.A., que presentó en el Juzgado número 2 de Santa Fe, encargado del caso, un dossier de más de 400 páginas y planos que "avalan" la legalidad de sus actuaciones, indicó que durante el procedimiento "ni la Administración local ni la autonómica plantearon impugnaciones", según informó FRAi a Europa Press.

El representante, imputado por presunto cohecho, igual que lo están los hermanos J.M.T. y F.M.T., estos por el polígono Marchalhendín, quienes defendieron ayer la legalidad de sus actuaciones, explicó que el convenio urbanístico suscrito con el Ayuntamiento está dentro de la más estricta legalidad y recoge de forma "adecuada" la valoración de los derechos de aprovechamiento de cesión municipal.

El cuarto empresario imputado, L.A.P., propietario de más de un 40 por ciento de los terrenos de Marchalhendín, negó asimismo los hechos de los que se le acusa y por los que se le atribuye la posible comisión de un delito de cohecho, según informaron a Europa Press fuentes del caso. L.A.P. vendió las acciones que tenía del parque empresarial, que ostentan los hermanos J.M.T. y F.M.T.

En el convenio firmado entre el Ayuntamiento y FRAi se interesó la sustitución de aprovechamiento urbanístico del Ayuntamiento en el sector por las siguientes contraprestaciones económicas que en total ascendían a 1,9 millones de euros. Los compromisos y obligaciones económicos derivados de la monetarización del aprovechamiento municipal derivado del Convenio Urbanístico entre el Ayuntamiento y F.R.A. "superan de forma ostensible la valoración dada al mismo en cualquiera de los supuestos".

Así, según la información facilitada, el representante explicó que el convenio urbanístico suscrito con el Ayuntamiento de Alhendín el 3 de septiembre de 2004 "no aumenta en modo alguno la edificabilidad atribuida al sector".

RELACIONES CON FERNÁNDEZ

Sobre las relaciones mantenidas con el que fuera edil de Urbanismo en el municipio Manuel Fernández, F.R.A. explicó que "se han movido en el ámbito comercial" conforme a criterios estrictamente económicos y de mercado, como cualquier otro cliente.

De hecho, sobre dos contratos de compraventa de vivienda que el ex edil tiene suscritos con FRAi, el representante legal de ésta indicó que se han llevado a cabo conforme a las "tarifas globalmente fijadas por la empresa sin que haya existido rebaja o ventaja alguna".

Asimismo, destacó la legalidad de las obras de desvío y encauzamiento del Arroyo La Calera, respecto a la cual la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir vio adecuada la solución que en él se define.

Por el momento, no hay previstas más declaraciones, según las fuentes, aunque no se descartan nuevas citaciones por parte del juez instructor del caso.

El que fuera alcalde de Alhendín dimitió de sus cargos el pasado 10 de marzo por sentirse "presionado" tras los escándalos de supuesta corrupción urbanística que salpicaron a su equipo de Gobierno y de los que se desvinculó ante el juez al manifestar que actuó "conforme a la legalidad".

Días antes, tuvo lugar la detención del ex edil de Urbanismo Manuel Fernández que quedó en libertad bajo fianza de 18.000 euros, y al que se le imputan los delitos de cohecho, prevaricación, prevaricación urbanística, fraude y exacciones ilegales y, por último, alteración de precios en concurso público, de los que se declaró inocente ante el juez.

El que fuera primer edil del municipio asumió las áreas de Urbanismo y Hacienda, tras la dimisión del concejal, si bien luego renunció también a sus cargos, tras hacerse pública su imputación, para, según dijo, "no manchar" la imagen del PP.