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Ogíjares - Alcalde de Ogíjares remite al fiscal documentos de presuntas irregularidades urbanísticas de la JuntaEl alcalde de Ogíjares (Granada), Francisco Plata, que presentó su baja recientemente en el PP, ha remitido a la Fiscalía documentación relativa a presuntas irregularidades urbanísticas cometidas por la Junta de Andalucía, según se desprende de un informe de la Comisión Informativa de Investigación del Ayuntamiento. En dicho documento, al que tuvo acceso hoy Europa Press, se detalla que el 22 de noviembre de 2000 se inició un expediente en el Ayuntamiento de Ogíjares cuyo objeto era modificar la recalificación de una parte del terreno propiedad de la Diputación que "reportaría unas plusvalías especulativas para dicha institución de unos 2.000 millones de pesetas". Se trataba de un suelo calificado como "equipamental" de servicio urbanos y convertirlo en suelo residencial en aproximadamente 25.000 metros cuadrados de techo edificable. Lo "sorprendente" del expediente administrativo es, según Plata, que el informe del secretario de la Corporación, emitido el 27 de noviembre de 2000, no fue favorable porque la modificación tal y como estaba redactada era más una "revisión de las normas subsidiarias" ya que suponía una disminución de los equipamientos del municipio. El 5 de marzo de 2001, con motivo de la aprobación inicial de la modificación puntual de las normas subsidiarias del suelo de servicios urbanos, el secretario reiteró que "no se estaba realizando correctamente el expediente". En la aprobación provisional del citado expediente, el 20 de septiembre de 2001, el secretario volvió a emitir informe negativo y para "tratar de convencer" a la Corporación de la ilegalidad adjuntó tres documentos: un informe de asesor jurídico, otro del Consejo Consultivo de Andalucía en el que se explicaba una situación similar y una sentencia sobre otro caso parecido. Pese a todo ello, el alcalde "no consiguió convencer a la Corporación de la ilegalidad que se estaba realizando" y todo siguieron adelante con la aprobación inicial, explica el regidor. La Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo aprueba definitiva el plan el 27 de junio de 2002, época en la que estaba al frente de la Delegación de Obras Públicas José García Giralte. Con todo esto, consta en el documento remitido a la Fiscalía, lo que "más sorprende" no es que nadie escuchara los informes del secretario y el Ayuntamiento y la Junta lo aprobaran, sino que la Administración autonómica "cambiase de criterio" y lo hiciera pese a contradecir "sus propios informes, normas y posición jurídica" ya que incumplía el Plan de Ordenación de Aglomeración Urbana de Granada (POTAUG), publicado en Boja el 28 de marzo de 2000. De este modo, entiende Plata, la Junta aprobó una "presunta especulación urbanística" porque la modificación de suelo de servicios urbanos, que recalifican una parte del suelo como residenciales, "coinciden con los que el POTAUG prohíbe como uso residencial". Por todo esto solicita el alcalde que se "tengan por comunicados los hechos anteriores" por si pudieran revestir caracteres de "ilícito penal" alguno o la existencia de presunta responsabilidad penal para los autores de los mismo y previas las comprobaciones y diligencias de investigación que se consideren pertinentes, se proceda si hubiese lugar a "dar tramitación ante la jurisdicción penal que corresponda".
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