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Granada - El fiscal denuncia a la cúpula de la Policía Local por presunto acoso laboral a anteriores mandosLa Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha denunciado a la cúpula de la Policía Local de Granada, al intendente mayor y actual jefe, Antonio Gerardo Bezares, al intendente del mismo cuerpo y portavoz, Mariano Valbuena, y al intendente mayor y ex jefe de la Policía Local Luis Francisco Viciana por presunto acoso laboral a los anteriores mandos, entre ellos Luis de Haro Rossi, actual jefe superior de Policía Nacional de Andalucía Oriental. En el decreto, al que tuvo acceso hoy Europa Press, el fiscal resuelve que procede interponer la denuncia también contra Valbuena por considerarlo presunto autor de un delito de falsedad en documento oficial, después de que la anterior cúpula policial los denunciara, como hizo también con el actual alcalde, José Torres Hurtado (PP), y el concejal de Seguridad Ciudadana, José Antonio Balderas (PP), a los que el Ministerio Público excluye de su denuncia. Los hechos fueron denunciados por el actual jefe superior de Policía Nacional de Andalucía Oriental, Luis de Haro Rossi, anteriormente al frente de la Policía Local; el que fuera inspector de la Policía Local y portavoz Jacinto Lucas; y los intendentes del mismo cuerpo José Antonio Moreno y Manuel Donaire, también jefe, anteriores responsables de la Policía Local durante el Gobierno municipal de mayoría socialista que precedió al actual, el cual los relevó o cesó de forma "fulminante", según los denunciantes. Los acontecimientos objeto de denuncia --ceses, aperturas de expedientes, reubicaciones, posibles amenazas, etc.-- constituyen "conductas de hostigamiento" que persiguen crear en sus destinatarios "situaciones que contempla la norma penal", según el fiscal, pese a que no regula el Código Penal de forma autónoma el acoso laboral o 'mobbing', que se entiende como una forma de trato degradante contemplada en el artículo 173.1 de Código Penal. La numerosa apertura de expedientes de investigación y disciplinarios, con incidencias en su forma de tramitación y resolución y la "marginación" a la que han estado sometidos en las sucesivas reorganizaciones policiales los denunciantes, en situaciones de "descrédito" incluso ante sus subordinados, configuran, según el decreto, "objetivamente" una situación de acoso. El propósito de tal situación --acoso-- es "mermar" el sentimiento de "dignidad" que proviene tanto de la consideración propia como persona y profesional de un cuerpo policial, como de la consideración ajena que tenemos a esperar ser respetados por los demás". Entiende el Ministerio Público que las conductas denunciadas suponen una "grave injerencia" en el ámbito de la integridad moral, de la que, aún cuando no lo exija la norma penal, es buena prueba los padecimientos psicológicos que sufren algunas de las presuntas víctimas. ALCALDE Y CONCEJAL Respecto a la participación del alcalde de la capital quien, según los denunciantes, podría haber "permitido" o "auspiciado" dichas conductas al ser el jefe máximo de la Policía Local, el fiscal indica que el Derecho Penal "no puede basarse en sospechas" o "presunciones derivadas" de las responsabilidades de un cargo, sino que necesita "indicios relevantes" de su participación en los hechos bien como promotor o consentidor. El único indicio que se le vincularía sería el de las circunstancias del cese de Luis de Haro Rossi, que sí fue un acto personal, pero se estima que por sí mismo no es suficiente para determinar su responsabilidad. Asimismo, parecidas consideraciones realiza el fiscal sobre el concejal de Seguridad Ciudadana sobre el que concurren dos indicios que, por el momento, no se puede considerar que tengan la fuerza "suficiente" para atribuirle la posible comisión del delito referido. Tampoco se pude inferir la participación en los hechos del secretario general del Sindicato Independiente de Policía, también denunciado, al que únicamente De Haro Rossi señala como presunto responsable.
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