Granada - Fiscal pide la absolución del arzobispo porque no tuvo ánimo de atentar contra el honor del cura

GRANADA, 8 (EUROPA PRESS)

La Fiscalía ha solicitado la libre absolución del arzobispo de Granada, Francisco Javier Martínez, acusado por un sacerdote de un delito de calumnias o de forma alternativa uno de injurias, tres delitos de coacciones, un delito de lesiones psicológicas y un delito de integridad moral, porque considera que no se ha acreditado que "el ánimo del acusado estuviera presidido por un propósito de atentar contra el honor del querellante".

Así lo manifiesta el Ministerio Público en su escrito de conclusiones provisionales, al que tuvo acceso hoy Europa Press, después de que el juez acordase la apertura de fase de juicio oral, en cuyo auto se solicita la comparecencia de entre otros testigos el cardenal y ex arzobispo de Granada Antonio Cañizares.

El fiscal, que ya solicitó el sobreseimiento de la causa, estima que no se puede imputar la comisión de ilícitos penales al arzobispo pese a que se dirigió al querellante en términos "contundentes, tendentes a hacer posible el acatamiento de las directrices" que le estaba dando en dos decretos, en los que le cesó del cargo de archivero de la Catedral, así como de sus responsabilidades.

Estas se refieren a que se abstuviera de publicar la edición de un libro sobre la Catedral de Granada que le había sido previamente encargado por el anterior arzobispo --Cañizares-- y por el Cabildo hasta que ambos dieran el "visto bueno" y dispusieran la forma y modo más conveniente para ello, al tiempo que se le retiraba la obligación de entregar al Cabildo cualesquiera bienes que obrasen en su poder.

Los hechos se remontan a diciembre de 2000 y arrancan de las "diferencias surgidas" en torno a la finalización y publicación del libro, cuya coordinación le fue encargada al querellante por el Cabildo Catedralicio en su condición de profesor encargado de la Cátedra de Historia de la Iglesia y del Arte Cristiano de la Facultad de Teología de Granada.

El querellante había sido nombrado, además, archivero capitular de la Catedral y Conservador Capitular del Patrimonio Histórico-Artístico de la misma, con la consiguiente obligación de custodia, mantenimiento y conservación de los bienes muebles de la Iglesia, asumiendo el compromiso de realizar asimismo un completo y exhaustivo inventario de todos los documentos, libros y bienes integrantes del Patrimonio de la Iglesia de Granada. En la financiación de dicha obra participaría la entidad Caja Sur de la que el querellante era consejero.

El citado libro no llegó a publicarse ni se entregó por el citado sacerdote al Cabildo pese a los requerimientos del actual arzobispo que llegó a prohibir su publicación antes de verlo, así como tampoco al no recibir el mencionado inventario le reclamó la devolución de los bienes eclesiásticos de los que había podido disponer a tal efecto. Los autores interpusieron una demanda que finalmente fue retirada por llegar las partes a un acuerdo.

La "pérdida progresiva de confianza" en el querellante motivó que el encartado le comunicara telefónicamente a mediados de octubre de 2003 su decisión de que si el mismo mantenía la misma línea frente a las directrices que le habían sido impartidas, debería cesar en los oficios que tenía en la Catedral de Granada. Cese de todas las responsabilidades que plasmó por escrito el 13 de enero de 2004 en un decreto.

Por último, respecto al cuadro ansioso depresivo que provocó la necesidad de tratamiento médico, entiende el fiscal, que "no existe nexo causal" entre el menoscabo psíquico del querellante y la conducta del imputado, consistente en el "ejercicio de su propio ministerio, a la que estaba legalmente obligado y a la que no cabe vincular ninguna consecuencia lesiva o psíquica legalmente reprochable", según el fiscal.

El querellante pide una multa, cuya cuantía no ha trascendido, y no pena de prisión de probarse la comisión de los delitos por parte del arzobispo, a la vez que renuncia a la posible indemnización que pudiera derivarse.