Granada - El PP estudiará ejercer la acusación particular en el caso de la Carretera de la Cabra

GRANADA, 05 (EUROPA PRESS)

El portavoz del grupo popular en la Diputación Provincial de Granada, Antonio Granados, explicó hoy que su partido decidirá si se persona como acusación particular "una vez que analice el momento procesal" en que se encuentra la denuncia que la Fiscalía ha presentado en los juzgados contra el ex vicepresidente de la Diputación, Gabriel Cañavate, por un supuesto delito de prevaricación y desobediencia en relación con la adjudicación de las obras de la Carretera de la Cabra por procedimiento de emergencia y la posterior destrucción de varios cientos de ejemplares de una planta protegida por la legislación medioambiental.

En rueda de prensa, Granados precisó que tanto su grupo en la Diputación como la dirección del PP estudiarán esta posibilidad, con el objetivo de "implicar al presidente de la Diputación, Antonio Martínez Caler, y al delegado de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Granada, Gerardo Sánchez", quienes, en su opinión, fueron "cómplices" de Cañavate.

Según explicó, las obras de la Carretera de la Cabra fueron encargadas por Cañavate durante un mes de agosto en el que sustituía a Antonio Martínez Caler. Pero cuando este último se incorporó a finales de agosto "pudo haber revocado" la concesión y la resolución administrativa. Sin embargo, según apuntó Granados, "no lo hizo", con lo que, bajo su punto de vista, es un "político de grandes errores y amnesias" que tiene "la costumbre de mirar para otro lado", según criticó.

Respecto a la supuesta implicación que según el 'popular' tiene Gerardo Sánchez, el 'popular' explicó que éste "asistió como delegado en funciones de la Junta a poner la primera piedra" y, además, "como máximo responsable de Medio Ambiente incurrió en una negligencia administrativa muy grave" porque no paralizó las obras hasta que, según argumentó, "el PP denunció en diversas ocasiones las graves irregularidades administrativas que habían ocurrido".

"Las irregularidades se produjeron desde el inicio, cuando declararon las obras por emergencia. Pero lo más grave es la adjudicación a dedo de 1.000 millones de las antiguas pesetas (seis millones de euros), lo que es la mayor cacicada que se ha cometido en la provincia en los últimos años y en la que son cómplices Cañavate y Caler", afirmó.

El Ministerio Público procedió a la apertura de diligencias de investigación el pasado 18 de enero, tras una denuncia presentada por el PP en octubre de 2006. En ella se hacía referencia a la actuación de los socialistas en la carretera provincial A-4050, que une Almuñécar con el Suspiro del Moro, por la tala de ejemplares de 'arenaria delaguardiae', una especie vegetal protegida.

Las obras fueron autorizadas, según el PP, en virtud de una "irregular declaración de emergencia" y sin el previo informe de impacto ambiental que fue emitido un año después, cuando el daño era ya "irreparable".

Según los populares, el 4 de agosto de 2005 el entonces presidente en funciones de la Diputación, Gabriel Cañavate, declaró de "emergencia" las obras de la carretera por el "grave peligro de seguridad vial" sin especificar cuál era éste y sin que concurrieran los acontecimientos catastróficos previsto para optar por dicha declaración.