Granada - Ayuntamiento pide autorización al juez para entrar en las cuevas ante el no abandono voluntario de los okupas

GRANADA, 22 (EUROPA PRESS)

El concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Granada, Luis Gerardo García Royo, explicó que su administración está "a la espera de que el juez autorice la entrada" en las casas cueva de San Miguel, habitadas por okupas que se niegan abandonarlas, para proceder a su desalojo y precinto.

El Consistorio persigue acometer esta actuación en base a un decreto de limpieza y desalojo firmado el pasado mes de enero por el alcalde de la ciudad, José Torres Hurtado (PP) en el que les da a sus moradores 48 horas tras la comunicación oficial para que las abandonen de forma voluntaria.

Este decreto que ordena el desalojo de las cuevas ante su estado "ruinoso e insalubre" ha sido publicado ya en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) y, por el momento, la actuación municipal en el Sacromonte, se ha limitado al tapiado de una veintena cuevas vacías.

Sin embargo, el colectivo de vecinos afectados por los desalojos entiende que la decisión del Ayuntamiento granadino responde a una "especulación inmobiliaria", mientras que las asociaciones de vecinos integradas en el Distrito Albaicín (Albaicín, Sacromonte-Valparaíso, San Pedro y Bajo Albaicín) lo consideran "urgente" e "imprescindible".

Por otra parte, el edil de Urbanismo anunció que la Junta de Gobierno Local ha otorgado licencia para la rehabilitación del edificio ubicado en la Gran Vía de Colón, número 44, en el que se construirán 21 apartamentos turísticos.

A su vez, apuntó que ha emitido un informe urbanístico desfavorable al proyecto de construcción de centro de inserción social solicitado por Instituciones Penitenciarias, si bien este dictamen "no es más que un pronunciamiento" acerca de su idoneidad urbanística", por lo que no sirve para paralizar el proyecto, según explicó.

Finalmente, García Royo anunció que el Ayuntamiento ya ha adjudicado una nueva gasolinera en la entrada a la Chana desde la Circunvalación, que servirá, según manifestó, para pagar la expropiación de la de Recogidas.