Granada - El Juzgado de lo Penal se inhibe y remite a la Audiencia provincial una causa contra Ávila Rojas

GRANADA, 19 (EUROPA PRESS)

El Juzgado de lo Penal número 2 de Granada se inhibió hoy en el conocimiento de la causa que se sigue contra el constructor Ávila Rojas por ser presunto autor de dos delitos continuados de estafa contra la Hacienda Pública, según el fiscal, y remitió a la Audiencia provincial de Granada las actuaciones, al plantear la acusación particular como alternativa la posible comisión de un delito de aprobación indebida agravada.

La remisión al órgano superior obedece a la pena que solicita en este caso la acusación particular, ejercida por Promociones y Propiedades Inmobiliarias Espacio S.L., como alternativa, seis años, lo que compete a la Audiencia provincial al rebasar la pena de cinco años por único delito, según el artículo 14.3 de la LEC, por lo que el juez acordó remitir las actuaciones y terminar de ese modo la vista oral celebrada hoy en el Juzgado de lo Penal número 2.

La cuestión fue planteada por la defensa del procesado, a lo que accedió el titular del Juzgado, así como el Ministerio Público --que pide para el acusado ocho años de prisión, cuatro por cada delito, una multa de 20 millones de euros e indemnización de casi cinco-- y la propia acusación particular que aceptaron la cuestión previa planteada por el letrado de Ávila Rojas. De este modo, según explicó el juez, queda "plenamente garantizado el derecho de defensa" del constructor en la alternativa planteada por la empresa inmobiliaria.

Ávila Rojas, imputado en la operación 'Malaya', está acusado por el Ministerio Público de defraudar a Hacienda en 2001 y 2002 en sendas operaciones inmobiliarias. En la primera de ellas, en mayo de 2001, el acusado y la sociedad CCF 21 --perteneciente a Carlos Sánchez, también imputado en la operación 'Malaya'-- adquirieron una finca en Marbella (Málaga) que vendieron el mismo día a Promociones y Propiedades Inmobiliarias Espacio S.L. defraudando la cantidad del IVA, unos 580.577 euros, y la del IRPF, 1.958.524 euros.

La segunda tuvo lugar en junio del año siguiente cuando el empresario y CCF 21 vendieron otra finca que en cuya operación, según el fiscal, no pagaron los impuestos correspondientes a la Agencia Tributaria que se estiman en 6.18.668 euros en concepto de IVA y de 1.639.803 euros por el IRPF.

Además de los delitos de fraude contra la Hacienda Pública, la acusación particular plantea como alternativa el de apropiación indebida agravado por el que reclama seis años de cárcel y una cantidad de 918.346 euros. Por ello, tras la inhibición de lo Penal número 2 porque la pena "excede" lo competente para dicho órgano, el caso será enjuiciado en la Audiencia provincial de Granada.