Granada - Sacerdote que acusa al arzobispo de calumnias, acoso moral y coacciones pide multa y no prisión

GRANADA, 14 (EUROPA PRESS)

El sacerdote F.J.M.M. que acusa al arzobispo de Granada, Francisco Javier Martínez, de los delitos de calumnias, injurias, acoso moral y coacciones ha solicitado en su escrito de acusación presentado hoy en el juzgado una multa y no pena de prisión por la posible comisión de los mismos, según informaron a Europa Press fuentes del caso.

Del mismo modo, indicaron las fuentes que no detallaron a cuánto asciende la multa, se ha renunciado a una probable indemnización por la posible comisión de los delitos, hechos que no comparte el Ministerio Público, que solicitó el sobreseimiento del caso al estimar, tras prestar declaración ante el juez los religiosos, que "no podía ser considerado el arzobispo autor" de los delitos que se le imputan.

Sin embargo, el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Granada, encargado del caso, dictó un auto por el que proseguía con las actuaciones por considerar que hay "indicios".

Así, el sacerdote, que era canónigo y archivero sigue adelante con los cargos, lo que previsiblemente derivará en la apertura de juicio oral contra el arzobispo, un hecho que "sentaría precedente" por tratarse de la primera vez que un arzobispo sea juzgado por un tribunal ordinario.

El ahora ex canónigo pidió al arzobispo que se retractara de sus acusaciones realizadas en una carta, fechada en diciembre de 2005, sobre una supuesta apropiación indebida de los derechos de propiedad intelectual de un libro de la Catedral, encargado por el anterior arzobispo, Antonio Cañizares, a lo que se negó Francisco Javier Martínez.

Sin embargo, en su declaración ante el juez el pasado mes de junio el arzobispo negó los hechos que se le imputan, así como "querer dañar" al querellante y dijo que "sólo gobernó la Diócesis para bien de la misma y administrar los bienes de acuerdo con la responsabilidad que tiene confiada".

Según el arzobispo, las actuaciones que dieron lugar a la querella, básicamente la privación de unos encargos y de un oficio en una institución diocesana como es el Cabildo Catedral, son "actos de gobierno interno de la Iglesia", realizados según su normativa propia y competencia de la jurisdicción de un Obispo Diocesano en el libre ejercicio de su ministerio.