Granada - Gerardo Sánchez niega ante el juez haber injuriado al propietario de la finca de Castril

GRANADA, 29 (EUROPA PRESS)

El delegado de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Granada, Gerardo Sánchez, negó hoy ante la juez de Instrucción 2 de la capital --donde declaró acusado por un presunto delito de injurias y calumnias contra el propietario de una de las fincas de Castril Rafael Aibar-- haber injuriado al hacendado, después de que el acto de conciliación celebrado el pasado mes de marzo concluyese sin avenencia.

En declaraciones a Europa Press, Sánchez explicó que en su declaración dijo que "en ningún momento" ha vertido "los calificativos que Aibar me achaca", ya que "no son ciertos", a la vez que expresó su "confianza en la justicia", siendo ésta la que tendrá que "determinar lo más razonable", según señaló.

La declaración judicial de Sánchez se produjo después de que Aibar, en litigio con la Junta por unas fincas de ese espacio natural, se querellara el pasado 13 de octubre de 2006 contra el delegado por injurias y calumnias. Previamente, el 2 de marzo del pasado año, Sánchez no acudió al acto de conciliación con Aibar, argumentando que era "una maniobra" y "un juego" al que no se iba a prestar.

Según el documento facilitado a Europa Press, el delegado provincial de Medio Ambiente, reunido con varios cargos políticos de Los Verdes manifestó "el señor Aibar es un mafioso y los servicios secretos de la Junta han detectado que ha infiltrado espías" para conocer lo que realiza tanto el delegado provincial como el consejero de la Presidencia de la Junta, Gaspar Zarrías.

A su vez, Gerardo Sánchez presentó el pasado 10 de octubre de 2006 en la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) una denuncia en la que manifiesta "la presión" y "el posible delito de acoso" que, según dijo, sufre desde hace meses por parte de los hermanos Expósito Sánchez, propietarios una de las finca del Parque Natural de Castril, así como por su representante, Rafael Aibar.

Sánchez aseguró que, ante el "acoso" que ha venido sufriendo en los últimos meses, se sintió en "la obligación y necesidad", como cargo público, de acudir a la justicia para que defienda su trabajo, los intereses de la Junta de Andalucía y de los ciudadanos, según valoró, "frente a unos particulares que quieren que la Delegación adopte decisiones injustas e ilegales para que ellos se lucren con 4.559 millones de pesetas".

Según recordó, el 9 de marzo de 2005, la Audiencia Provincial de Granada hizo pública una sentencia que resolvió un pleito entre los empresarios almerienses y el Ayuntamiento de Castril por la titularidad de una finca de Castril. En este sentido, insistió en que, en este pleito, nunca estuvo inmersa la Administración autonómica.

A partir de entonces, según consideró, se produjeron reacciones y apariciones públicas de los propietarios que, de esta forma, pretendieron presionar a su Delegación para que se permitiera que en esta finca, ubicada en Parque Natural, se lograra instalar un cantera. En segundo lugar, según apuntó, los propietarios pretendieron que la Consejería de Medio Ambiente comprara la finca y, más tarde, que ésta fuera adquirida por un tercero con la mediación de la Junta. Para ello, bajo su punto de vista, utilizaron "la presión mediática" y "difamaciones" de su persona.