Granada.- UGT aplaude la petición de hasta 25 años de cárcel de la Fiscalía a los acusados por la muerte de un trabajador

GRANADA, 24 (EUROPA PRESS)

El sindicato UGT-Granada consideró hoy "muy acertada" la petición de la Fiscalía de hasta 25 años de cárcel, entre todos los seis acusados, por la muerte de un trabajador boliviano en situación irregular en una obra de Maracena (Granada), en las que parece que no contaba con las pertinente medidas de seguridad y cuyo suceso intentaron ocultar los empresarios.

Según explicó en un comunicado remitido a Europa Press el sindicato, personado en el caso, el fiscal ha incluido en sus acusaciones el delito de vulneración de los derechos de los trabajadores extranjeros y la omisión del deber de socorro, supuestos que desde el sindicato "plantearon desde el inicio de todo el proceso judicial".

El juez instructor "no apreció esta presunta vulneración de la leyes", según UGT, y declaró el sobreseimiento de las mismas, aunque finalmente "han sido incluidos en la causa, ante las manifestaciones realizadas por las partes".

A partir de ahora, UGT solicitará la apertura de juicio oral y formulará escrito de acusación, donde se incluirán las conclusiones relativas al trágico accidente laboral del 14 de febrero de 2005 en Maracena, que costó la vida al trabajador Carlos Óscar Herrero Guzmán.

PENAS SOLICITADAS POR EL MINISTERIO PÚBLICO

En su escrito de acusación, el fiscal ha solicitado la pena de hasta siete años para los empresarios y varios empleados de 'Robles y Santiago S.L.', empresa para la que trabajaba el joven en situación irregular, que perdió la vida en un accidente laboral que los responsables de la empresa intentaron ocultar para eludir su responsabilidad.

Para los dos empresarios, M.R.L. y M.A.S.M., el fiscal pide siete años de cárcel, cinco de inhabilitación y una multa de 10.800 euros para cada uno, por los delitos de homicidio imprudente, riesgo y otro contra el derecho de los trabajadores extranjeros. Para C.R.L., hermano de uno de los empresarios, y L.A.P.M., arquitecto, pide cuatro años de prisión, cinco de inhabilitación y multa de 6.000 euros por homicidio imprudente y riesgo.

Del delito de encubrimiento son presuntos autores E.D.L.H. y J.M.M., empleados que limpiaron la sangre del fallecido y colocaron tras los hechos las medidas de seguridad con las que no contaba la obra cuando se produjo el siniestro. Para ellos pide el Ministerio Público un año y medio de cárcel.

Los cuatro primeros acusados deberán indemnizar, según el escrito de acusación provisional del fiscal, al que tuvo acceso Europa Press, conjunta y solidariamente a los herederos de Carlos Óscar Romero en la cantidad de 180.000 euros.