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Granada.- Fiscalía investiga la posible comisión de un delito contra el derecho de los trabajadores en RoberLa Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha incoado diligencias de investigación penal por la posible comisión de un delito contra el derecho de los trabajadores en la empresa Transportes Rober S.A., concesionaria del transporte urbano en la capital granadina, a raíz de la denuncia presentada por el sindicato CC.OO. el pasado mes de octubre. Se trata de hechos que aluden, siempre según el denunciante, a una "sobrecarga mental y psicológica generadora de estrés laboral", así como "falta de tiempo" para desarrollar adecuadamente la labor de la mayoría de los puestos de trabajo de la citada empresa. Según sostiene el sindicato, las situaciones de "estrés laboral" sufridas por los trabajadores, que desde 2002 se han puesto en conocimiento de la Inspección de Trabajo, lo que ha motivado su informe, "están directamente relacionadas con las condiciones de trabajo y en concreto con los horarios establecidos", en un grupo considerado "de riesgo". En concreto, las denuncias presentadas hacían referencia a los horarios trabajo fijados a los coches en su recorrido que consideran "imposibles" de cumplir por el estado del tráfico en la ciudad, al denominado "tiempo del bocadillo" no se respeta y a la jornada laboral que "pasa las nueve horas". Además, existe, según los trabajadores, un "alto número de personas en situación de incapacidad temporal", falta de publicación del convenio colectivo de la empresa Rober por la Delegación provincial de Trabajo al plantear "problemas de legalidad", así como situación de "acoso laboral" al presidente del Comité de Seguridad y Salud Laboral. Los hechos denunciados, durante la huelga que de forma intermitente llevaron a cabo los trabajadores, "de ser ciertos y una vez sean realizadas todas las comprobaciones pertinentes serían susceptibles de integrar algún delito de los recogidos en los artículos 316 y siguientes del Código Penal", según el fiscal, por lo que resuelve llevar a cabo la investigación. Según el decreto, la empresa cuenta con un plazo de 20 días para alegar lo que a su derecho convenga, a la vez que se insta a la Inspección de Trabajo a remitir un informe detallado sobre los hechos denunciados. DECISIÓN "POSITIVA" Y "VALIENTE" El secretario provincial de CC.OO., Rafael Roldán, consideró la decisión "positiva" y "valiente" por admitir a trámite el Ministerio Público la denuncia presentada que, en su opinión, pone en "riesgo" a los trabajadores, si bien no es de una forma "tan evidente" como, por ejemplo, en el sector de la construcción. El hecho de que la empresa conociera la situación de los trabajadores es "lo grave" en este asunto, indicó el secretario de Salud Laboral y Medio Ambiente de CC.OO. en Granada, Esteban Olmos, que calificó la incoación de diligencias como un "paso significativo" en el avance en materia de siniestralidad laboral. Por ello, CC.OO. animó a los trabajadores a poner en conocimiento del sindicato situaciones similares para incentivar que los empresarios cumplan la Ley de Siniestralidad que "nos parece buena" pero requiere seguimiento. De prosperar la investigación, las penas de cárcel estimadas para los posibles responsables, dirigentes de la empresa, en este caso, oscilarían entre los seis meses y tres años de prisión, según establece el Código Penal. Al margen de esto, empresa y sindicato acordaron hace unos días la subida salarial que reclamaban los trabajadores en horario nocturno, seis euros a la hora, mientras que los días 24 y 31 de diciembre la subida es de 30 euros. Por otra parte, según explicó Roldán, en una reunión reciente con el fiscal jefe del TSJA, Jesús García Calderón, CC.OO. trasladó su petición para considerar los enfrentamientos entre trabajadores y patronal de modo "especial" y "diferenciado", después de que en la huelga que mantuvieron los trabajadores el pasado otoño se produjeran algunos incidentes y a fin de no ser tratados como "un delincuente más" en el ejercicio de "sus derechos".
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