Cogollos Vega - Alcalde de Cogollos dice que los ediles no asistieron al pleno de moción de censura por 'vergüenza'

El fiscal mantiene la pena de dos años de inhabilitación para el regidor y dos concejales

GRANADA, 11 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Cogollos Vega (Granada), el independiente Francisco Luzón, afirmó hoy que los ediles de la oposición (PSOE, PP e IU) que promovieron en noviembre de 2004 una moción de censura no asistieron al pleno por "vergüenza", ante la concentración de vecinos que mostraron su apoyo al regidor, y no porque no pudieran acceder al Consistorio.

En la vista oral, celebrada hoy en el Juzgado de lo Penal número 5 de Granada, Luzón, para el que el fiscal pide dos años de inhabilitación por un delito contra los derechos cívicos, negó tener responsabilidad alguna en el escrito que días antes circuló por el municipio y en el que se instaba a los vecinos a manifestarse ante el Ayuntamiento para impedir que la moción de censura prosperara.

Aunque en dicho documento saludan los ediles independientes, los acusados --además de Luzón, Jesús Torres y Victoriano Hermoso, también independientes-- no reconocieron ser autores del mismo ni tampoco tener constancia de la procedencia de éste, lo que causó la "indignación" del Ministerio Público que consideró, en su informe final, que "no sólo no impidieron" los acusados que se celebrara con normalidad la moción de censura sino que "incitaron" a ello.

Según los acusados y algunos vecinos que acudieron como testigos al juicio oral, fue el "boca a boca" lo que originó la concentración de cerca de un millar de vecinos que pese a la insistencia de algunos de los asistentes en que fue "espontánea" no fue considerada así ni por la Guardia Civil presente el día de los hechos ni por el fiscal tras las manifestaciones de una y otra parte.

El 13 de noviembre, día de los hechos, el alcalde, según afirmó, invitó varias veces a los ediles de la oposición que habían promovido la moción a que entraran al salón de Plenos para que diera comienzo la sesión, algo que fue negado por los concejales que declararon hoy como testigos, quienes aseguraron que no vieron al regidor comunicarse con ellos ese día.

Tanto es así, explicaron, que el único punto de conexión existente entre los independientes, que celebraron finalmente el pleno sin los concejales de la oposición, y los ediles que promovieron la moción era un teniente de la Guardia Civil que hizo de interlocutor y quien indicó a los representantes que podría con los agentes que contaba facilitar la entrada de los concejales a los que el pueblo increpaba en la calle, si bien no podía garantizar total seguridad en su entrada.

DECISIÓN DEL ALCALDE

El caso es que el pleno se celebró, según el alcalde, a instancias del secretario, y, según éste, porque él así lo consideró pero con la decisión última adoptada por Luzón, y la moción de censura no prosperó. Esa fue la decisión adoptada por el primer edil que descartó posponer la celebración del mismo 48 horas, después de "llamar a los concejales que no me hacían caso", relató.

Sin embargo, el motivo esgrimido por los ediles de la oposición, además del "miedo" por la concentración popular, fue que entendieron del agente de la Guardia Civil que no se iba a celebrar el pleno, tras lo que vieron salir a hombros al alcalde del Ayuntamiento aupado por los vecinos que le habían mostrado su apoyo para que la moción no prosperase.

Durante el altercado, en el que no estuvo presente el único miembro de la Policía Local en Cogollos Vega, algunos representantes populares llegaron a sentir temer por su seguridad, según indicaron, aunque en opinión de los acusados no entraron porque "no quisieron".

Los concejales del PP aseguraron que fueron "amenazados" y "zarandeados" en determinados casos por sus vecinos, hecho que corroboró la Guardia Civil para quien la concentración no fue espontánea y para quien se hubiera desencadenado una "confrontación" entre vecinos de haber decido los ediles de la oposición entrar en el Consistorio.

Sólo uno de ellos, Francisco Javier González, de IU, afirmó que "voluntariamente" no entró en el Ayuntamiento, ya que al ver el revuelo decidió esperar a sus compañeros quienes finalmente no accedieron al recinto.

La defensa solicita la libre absolución de sus representados, mientras que la acusación particular considera los hechos constitutos de un delito contra los derechos cívicos por el que pide de uno a dos años y medio de inhabilitación; otro de coacciones, por el que pide de un año y nueve meses de cárcel a tres años; y un delito de prevaricación por el que solicita de siete a ocho años y medio también de inhabilitación.

Pese a la insistencia del fiscal que consideró un "auténtico fraude" lo sucedido y por lo que mostró su "sorpresa" en la vista oral, el alcalde aseguró que no tenía intención de "perpetuarse" en el poder y negó haber oído coacciones o amenazas de los vecinos a los miembros de la corporación.

El pleno, que declaró nulo un juzgado de lo Contencioso-Administrativo, se celebró un año más tarde con la presencia de 42 agentes de la Guardia Civil, aunque entonces tampoco prosperó la moción al haber variado la situación política del municipio.