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Almuñécar -Ecologistas denuncia en la Fiscalía posibles obras 'irregulares' en el Peñón del Lobo en Almuñécar
GRANADA, 28 (EUROPA PRESS)
Ecologistas en Acción ha denunciado en la Fiscalía posibles obras "irregulares" en el Peñón del Lobo en Almuñécar (Granada) que ya han sido denunciadas hace meses y el Ayuntamiento sexitano "abrió un expediente de disciplina urbanística" al no contar con la licencia.
En un comunicado remitido hoy a Europa Press, Ecologistas informó de que en las obras "se continúa trabajando como si nada", pese a contar también con un expediente sancionador abierto por parte de la Delegación provincial de Medio Ambiente.
El Ayuntamiento "reconoce que hay desmontes y la promotora es Keops Developments S.L.", que carecen de licencia y que se le ha abierto el correspondiente expediente de disciplina urbanística.
Según consta en la nota, el técnico municipal Gerardo García Villén dice que "las obras llevadas a cabo por la Junta de Compensación del Plan Parcial del sector 1 son las que se ejecutan legalmente y que la mercantil Keops Development S.L. realiza movimientos de tierra sin licencia en el mismo sitio", por lo que se ha incoado el expediente de disciplina urbanística oportuno.
"Lo que no dice el técnico municipal es que el presidente de la Junta de Compensación del Plan Parcial Peñón del Lobo sector 1, es Svend Aagen Brondum Jensen, que representa a las sociedades Keops Developpment S.L., Anders Invest S.L., Moesgaard Invest S.L., y Bahía Fenicia S.L., por lo que sospechamos que los movimientos de tierras sin licencia se corresponden a todo el Plan Parcial del sector 1", continuó Ecologistas.
El grupo también indicó que en el Boletín Oficial de la Provincia del día 1 de junio, seis meses después de que comenzaran las obras y con media montaña destrozada, aparece a exposición pública el Plan de Reparcelación del Sector 1 del Peñón del Lobo y "curiosamente aparece en la sección de 'Anuncios no oficiales' y colocado en la última página.
Ecologistas ha solicitado a Costas, en Granada y en Madrid, que defina el Dominio Público marítimo terrestre, actualmente en trámite, para que el Urbanismo "se adapte a esta protección y no ocurra al revés, que se pierda patrimonio público para beneficios privados".
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