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Granada - Avila Rojas, uno de los principales constructores granadinos, ha saldado numerosos casos con la JusticiaEl constructor y empresario granadino José Avila Rojas, detenido hoy por la Policía en Granada en la segunda fase de la 'Operación Malaya' contra la corrupción urbanística ha tenido que saldar desde años diversos asuntos con la Justicia después de haberse convertido hace un par de décadas en uno de los principales constructores de Granada. Entre los principales asuntos judiciales en los que se ha visto implicado destaca la construcción del edificio 'Occidente' por el que fueron juzgados un total de 14 personas por estafa inmobiliaria, que alcanzó además de al constructor granadino a otros funcionarios del MOPU, entre ellos, el ex director de Obras Públicas Rafael Villar. El caso, en el que inicialmente se acusaban a 29 personas, fue menguando a raíz de una resolución dictada por la Audiencia provincial en 2003 --fecha de celebración de la vista oral-- tras plantear las partes las cuestiones previas y al resolver la Audiencia que habían prescrito los delitos para la mayoría de los acusados. Este caso llegó a los tribunales 12 años antes por una denuncia de los propietarios de las viviendas del complejo 'Occidente'. Los propietarios sostenían que los pisos de protección oficial que compraron sobre plano no se correspondían con la realidad de las viviendas que les entregaron. Además de sus actuaciones en Granada, Avila Rojas hizo negocio en otras provincias andaluzas como Málaga, donde el PSOE denunció que el Ayuntamiento de Marbella había aprobado una licencia de construcción para la empresa granadina, a pesar de que se trataba, según este partido, de una "ilegalidad". En los últimos cinco años el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha obligado, entre otros asuntos, al empresario José Avila Rojas a restituir unos terrenos de su propiedad, situados en el paraje Umbría del Generalife, a su estado original como zona forestal, en marzo de 2003. Esto se produjo después de que la Delegación provincial de Medio Ambiente abriera al constructor un expediente en 1985. La sentencia obligó a Avila Rojas a eliminar las labores agrícolas realizadas en la zona de cultivo y acotarla al pastoreo, además de pagar una sanción de 3.000 euros. Además, en noviembre de 2004, la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA obligó a la constructora a pagar una sanción de 2.639 euros después de que la Consejería de Medio Ambiente le hubiera abierto en 1998 un expediente en relación a varias construcciones no autorizadas en Playa Granada en Motril, que debió ser restituida. Pero los desencuentros mantenidos entre José Avila Rojas y la Justicia no siempre han tenido un resultado negativo para el empresario. En 2002 la Audiencia provincial de Granada lo absolvió de un delito ecológico, después de que el Ayuntamiento de Granada y la Federación Pacifista Granadina lo acusaran de verter al río Darro aguas contaminadas con excrementos de cerdos procedentes de una granja de su propiedad. En esa ocasión, el tribunal consideró que, aunque el vertido era una "realidad" porque las balsas de la finca rebosaban, también iban a parar al arroyo que se unía con el Darro, aguas fecales de varios pueblos. También fue absuelto del delito de estafa y falsedad en la construcción de la urbanización 'Parque Luz' en Granada.
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