Granada - Fiscal pide cárcel para dos empresarios por contratar trabajadores bolivianos en situación irregular

GRANADA, 8 (EUROPA PRESS)

La Fiscalía ha solicitado la pena de tres años y dos años y tres meses de prisión para dos empresarios, M.A.M. y D.R.P. respectivamente, que supuestamente contrataron a trabajadores bolivianos en situación irregular en España y a los que no regularizaron e incluso amenazaron con denunciar su situación ante las autoridades.

Según informó la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en un comunicado remitido hoy a Europa Press, ambos están acusados de un delito contra el derecho de los trabajadores de los artículos 312.2 2º del Código Penal, por el que el fiscal pide que paguen también una multa de 1.080 euros cada uno.

Los hechos relativos al primer acusado, M.A.M., propietario y titular de la empresa 'Master Construcciones', cuyo objeto social es la construcción y reforma en general, ocurrieron entre los meses de febrero y mayo de 2005, cuando contrató a un número "no determinado" de bolivianos que se encontraban en territorio español sin estar en posesión de los correspondientes permisos de trabajo y residencia para emplearlos como albañiles o peones en obras que se desarrollaban en la periferia de Granada.

En todos los casos, aprovechando la circunstancia de "su estancia irregular", la contratación se realizó de forma verbal y sin establecer de forma concreta condiciones de trabajo tales como duración del contrato, gratificaciones extraordinarias, jornada laboral, vacaciones.

Por contra, pactó con cada uno de ellos un jornal y les prometió que les ayudaría a regularizar su situación en España en virtud de la relación laboral establecida. En la mayoría de los casos, según el escrito de acusación, el salario o fue pagado o aminorado sustancialmente, y se amenazó a los trabajadores con denunciar ante las autoridades españolas su condición de "ilegal".

Por su parte, D.R.P., propietario y titular de la empresa 'Multiservicios Granada', contrató en el mes de agosto de 2004 a un ciudadano boliviano que se encontraba en igual situación que sus otros compatriotas, haciendo "caso omiso" de las reclamaciones que le efectuó para el pago total del salario pactado e incumpliendo el compromiso de "regularización" adquirido. El total de la deuda ascendía a 1.750 euros.

El escrito fue presentado en el Juzgado de Instrucción número 6 de Granada el pasado 24 de mayo.