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Granada - El alcalde dice que no se conocía la subcontratación en Gomérez y espera que los funcionarios queden libres
GRANADA, 20 (EUROPA PRESS)
El alcalde de Granada, José Torres Hurtado (PP), afirmó hoy que "no está demostrado que existiera conocimiento de las subcontratas" en el 'caso Gomérez' y confió en que los "funcionarios municipales queden libres", después de que ayer se tuviera conocimiento del auto en el que el juez, tras casi un año de instrucción del caso, procesa a nueve personas, entre ellas, el coordinador general de Planificación Urbanística y Obras Municipales del Ayuntamiento de Granada, Manuel Lorente, por la muerte del obrero ecuatoriano Guillermo Estalin, que trabajaba en condiciones irregulares, en las obras del derribo de la cuesta de Gomérez el 21 de diciembre de 2004. En declaraciones a los periodistas, el primer edil de la capital granadina explicó que "respetando la decisión del juez espero que en el juicio cada parte pueda poner en claro la situación", toda vez que, según insistió, que "yo sepa, no se ha demostrado el conocimiento de las subcontratas", que es el "nudo gordiano en torno al que se hace este tipo de imputaciones", añadió.
El titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Granada, Miguel Angel del Arco, ha procesado, además, de al número dos de Urbanismo al arquitecto técnico municipal, adscrito al área de Planificación Urbanística del Ayuntamiento granadino, A.J.M.M.; al jefe de servicio de Arquitectura de la misma área, J.R.H.; al empresario ficticio que materialmente ejecutaba la demolición y a cuyas órdenes trabajaba el fallecido, F.H.P.C.; a los representantes legales de Hermanos Rodríguez, S.R.C. y M.R.C.; a la encargada de la prevención de Riesgos Laborales, M.P.G.G.; al representante de Obras Alsa, A.S.S.; y a su homólogo en Rehabilitaciones y Demoliciones Granada S.L., L.D.M.
El juez imputa un delito de homicidio imprudente, una falta de lesiones por imprudencia, un delito contra la seguridad del trabajo por la infracción de la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, un delito contra el derecho de los trabajadores y otro por emplear a súbditos extranjeros sin permiso de trabajo en condiciones.
Tras la negativa de proceder al derribo por parte del propietario, las obras de demolición fueron encargadas por el Ayuntamiento a Rehabilitaciones y Demoliciones Granada S.L., que subcontrató a Hermanos Rodríguez, quien a su vez hizo lo mismo en la empresa Alsa, que era finalmente para quien trabajaba el ahora fallecido.
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