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Granada - Subdelegación del Gobierno reconoce que no puede expulsar a los ocupas de Jun 'hasta que el juez lo dictamine'



El alcalde manifiesta que "si mañana no recibimos una respuesta definitiva, este Ayuntamiento pedirá responsabilidades"

JUN (GRANADA), 30 (EUROPA PRESS)

La Subdelegación del Gobierno en Granada aseguró hoy que "hasta que el juez lo dictamine" no se puede proceder a la expulsión de los ocupas que, desde el pasado día 22, permanecen atrincherados en tres inmuebles de la localidad de Jun tras expulsar a sus propietarios.

Fuentes de la Subdelegación informaron a Europa Press de que el alcalde del municipio granadino, José Antonio Rodríguez (PSOE), formuló hoy una petición de auxilio de fuerza al subdelegado del Gobierno en Granada, Antonio Cruz, quién ordenó a la Guardia Civil "estar en alerta para evitar que se produzcan incidentes".

Asimismo, desde la Subdelegación aseguraron que "ésta es la única vía posible" para encontrar una solución, que consideraron "que podría producirse mañana".

Por su parte, el primer edil de Jun admitió hoy que la situación en la localidad está "cada vez peor", por lo que, después de estar ya "cansado de esperar" la orden judicial, manifestó que "si mañana no tenemos una respuesta definitiva, este Ayuntamiento pedirá responsabilidades penales, civiles o administrativas, las que hagan falta", señaló Rodríguez.

Además, el regidor indicó que "ahora los ocupas dicen que ellos pagaron 3.000 euros a unos mafiosos para apropiarse de los inmuebles", una excusa que "no convence" al representante municipal, que afirma que está "exhausto de ver impotente como siguen viniendo a verme gente llorando que no puede soportar ver luces en sus casas, que ellos estén fuera y que nadie haga nada por devolvérselas".

Por último, Rodríguez denunció "el vacío legal existente" ante un hecho así, "al tratarse del primer caso en España en el que unos ocupas se adueñan, no de un edificio vacío, sino de domicilios habitados por sus propietarios, a los que obligaron a irse", según dijo.

En este sentido, el regidor lamentó "la penosa imagen de país bananero que está dando la justicia española y su Constitución", al no poder "garantizar su artículo 47, que hace referencia al derecho de todos los ciudadanos a tener una vivienda digna".

Los sucesos comenzaron a producirse el pasado día 22, cuando los ocupas fueron instalándose en inmuebles en los que en ese momento no había nadie. Sin embargo, según el regidor de Jun, los acontecimientos "han cobrado más relevancia" al aumentar los desalojos, "esta vez a la fuerza, irrumpiendo de madrugada armados, y expulsando de sus casas a familias con niños pequeños".

De momento, los afectados permanecen alojados en casas de familiares y en la del propio alcalde de Jun y únicamente resisten en el inmueble "dos propietarios, una concejal municipal y un legionario que ha declarado que resistirá hasta el final".

El grupo de ocupas procede del barrio marginal de La Cartuja, en Granada, y justifican su acción alegando que ellos fueron anteriormente desalojados de sus viviendas por un grupo de mafiosos rumanos, según afirmó José Antonio Rodríguez.


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