Granada - El juez mantiene la imputación del gerente de Urbanismo por el 'caso Gomérez' al rechazar el recurso

GRANADA, 27 (EUROPA PRESS)

El titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Granada, Miguel Angel del Arco, mantiene la imputación del gerente de Urbanismo del Ayuntamiento de Granada, Manuel Lorente Sánchez-Palencia, por el 'caso Gomérez', en el que perdió la vida un trabajador ecuatoriano el pasado 21 de diciembre, tras "no acceder" a la petición de reforma del recurso contra la providencia de imputación presentado por el letrado de Lorente.

Según el auto, al que tuvo acceso hoy Europa Press, el juez instructor del caso estima que, en base al delito contra la salud de los trabajadores, a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, resultado de muerte producido en accidente laboral, a la documentación obrante en las actuaciones, a las alegaciones de la acusación pública y particular, "es preciso mantener la imputación que en su día solicitó el Ministerio Fiscal, que se acordó por este instructor porque hay indicios de delito". Por eso, continúa, hay que esperar el resultado de la instrucción, escritos de acusación en su caso y auto de apertura de juicio oral.

El fiscal solicitó la imputación de Manuel Lorente Sánchez por un delito contra la seguridad en el trabajo y un delito de homicidio imprudente dada "la gravedad de las infracciones cometidas y el incumplimiento de obligaciones legales esenciales" en el control de la obra.

En este sentido, el Ministerio Público entendió que el gerente de Urbanismo permitió la omisión por parte de la coordinadora de Seguridad del informe técnico previo en relación a las medidas para hacer frente a los riesgos, a que se refiere el documento municipal de seguridad y salud, el cual forma parte del Pliego de Prescripciones Técnicas.

Así, "particularmente grave" es, según la Fiscalía, la inexistencia del preceptivo Plan de Seguridad, instrumento indispensable conforme a lo establecido legalmente que debiera haber sido elaborado por la contratista y aprobado por la Coordinadora de Seguridad y, que en este caso, al tratarse de una obra de la Administración Pública "debería necesariamente haber sido elevado a la aprobación del Ayuntamiento".

También consta en la solicitud de imputación el incumplimiento por los responsables del Ayuntamiento de la obligación de suministrar ala empresa contratista la información sobre riesgos propios del centro de trabajo, prevención de los mismos y medidas de seguridad. Constan además denuncias presentadas en el Ayuntamiento por particulares ante las circunstancias de falta de seguridad y peligro en que se estaba ejecutando el derribo.

En el proceso de instrucción ha quedado acreditado, según Del Arco, que Lorente conocía "perfectamente", aún cuando no hubiera habido una notificación formal, el hecho de que la demolición no la llevaba a cabo la empresa adjudicataria, así como la serie de subcontratas realizadas y todas las incidencias relativas a la obra, puesto que todas las certificaciones estaban firmadas por él, entre otras personas.