Granada - PSOE afirma que el dictamen de la Comisión de Videovigilancia demuestra que existe responsabilidad política

GRANADA, 19 (EUROPA PRESS)

El portavoz del grupo municipal del Ayuntamiento de Granada, José María Rueda, se mostró hoy "satisfecho" ante el dictamen de la Comisión de Videovigilancia que declaró ilegal la grabación del pleno del 24 de junio por parte de un policía local de paisano, al tiempo que señaló que este informe "demuestra que existe responsabilidad política".

En conferencia de prensa, Rueda señaló que la resolución de la Comisión de Videovigilancia "no hace más que darnos la razón en algo que era muy evidente: este tipo de actuaciones no se pueden hacer sin los correspondientes permisos o autorizaciones".

Así, indicó que en dicha grabación "hay dos momentos, un primer momento en el que estamos dispuestos a asumir que la responsabilidad exclusiva era del jefe de policía, pero un segundo momento en que tanto el alcalde como Balderas conocen de la grabación y no la detienen con la premura con la que tenían que haberlo hecho".

Es por ello que reiteró la petición de responsabilidad política al alcalde de Granada, José Torres Hurtado, y al concejal de Seguridad Ciudadana, José Antonio Balderas, porque "el alcalde no se puede seguir parapetando en un funcionario y tiene que adoptar algún tipo de resolución que dé satisfacción a un cumplimiento de responsabilidad política", sostuvo Rueda.

"El dictamen de la comisión demuestra que ha habido responsabilidad política por acción o por omisión porque si el alcalde y Balderas sabían que se estaba realizando una grabación tenían que haber actuado y si no lo sabían peor porque significa que las decisiones políticas no las toman ellos", manifestó el portavoz socialista.

Asimismo, Rueda informó que no van a cejar en pedir responsabilidades políticas "que hasta ahora con bastante habilidad han sabido sortear Torres Hurtado y Balderas", señaló.

La Comisión de Garantías de la Videovigilancia de Andalucía dictaminó que la grabación del pleno se realizó "sin concurrir los presupuestos legalmente necesarios, ni observar el procedimiento legalmente establecido en la Ley Orgánica 4/1997" por lo que se da traslado del informe al Ministerio Fiscal.

El informe señala que la grabación del pleno se realizó sin que hubiera un "peligro concreto ni urgencia" para la misma, según se establece en la Ley Orgánica 4/ 1997 de 4 de agosto que regula la utilización de cámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en lugares públicos.