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Granada - Piden cuatro años de prisión para las dos acusadas de agredir a personal médico del Centro de Salud de Cartuja
GRANADA, 7 (EUROPA PRESS)
El fiscal ha solicitado penas de cuatro años de prisión para las dos acusadas de dos delitos de atentado y dos faltas de lesiones por la agresión que una doctora y una enfermera del Centro de Salud de Cartuja sufrieron el pasado lunes en las dependencias del centro.
Según relata el escrito de acusación al que ha tenido acceso Europa Press, las acusadas M.C.C.H y R.C.H, se personaron en el Centro de Salud de Cartuja en el barrio granadino de Almanjáyar para mostrar su "disconformidad" con la atención médica que estaban prestando a su familia los servicios médicos de dicho centro.
Una vez allí, intentaron acceder de forma violenta a la consulta de una doctora "aporreando" la puerta, aunque ésta les impidió el paso. Fue cuando la doctora salió de la consulta para poner la correspondiente denuncia ante la Policía cuando fue abordada por ambas acusadas, "quien a sabiendas de la función que ejercía" comenzaron a golpearla causándole lesiones que precisan para su curación 12 días, con siete días de impedimento.
Una enfermera, que salió en defensa de la doctora, también fue agredida por las acusadas que le causaron lesiones.
Se considera coautoras de dos delitos de atentado y dos faltas de lesiones a las acusadas que deberán indemnizar de forma conjunta y solidaria a la doctora y enfermera en 600 euros a cada una de ellas por las lesiones causadas.
La Fiscalía considera los hechos constitutivos de delitos de atentado, "al gozar los facultativos de la consideración de funcionario público en el ejercicio de sus funciones, y ser objeto de agresión por razón del desempeño de dichas funciones públicas", según informó a Europa Press la Fiscalía de Granada.
La protección dada, aparte de recoger el acto de agresión a las personas de los funcionarios, con independencia de su condición de titular o de interino, se amplía a la del propio ejercicio de la función sanitaria, que constituye una función pública protegida penalmente mediante la figura del delito de atentado a agente de la autoridad, según señala la Fiscalía.
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