Granada - PP responsabiliza a la Junta del aumento del 25 por ciento de los casos de violencia escolar en la provincia

Pide que la Junta abandone la "cerrazón" en este tema y un pleno monográfico en el Parlamento andaluz para abordar medidas "eficaces"

GRANADA, 13 (EUROPA PRESS)

El parlamentario andaluz del PP Santiago Pérez responsabilizó hoy a la Junta de Andalucía del aumento del 25 por ciento de los casos de violencia escolar que se han producido del pasado curso al presente, al tiempo que pidió a la Consejería de Educación que abandone la actitud de "cerrazón" y el "doble lenguaje" para abordar esta problemática. El diputado del PP anunció que ha solicitado un pleno monográfico en el Parlamento andaluz sobre la violencia en las aulas.

En rueda de prensa, Pérez señaló la idoneidad de que se trate el problema de la violencia en las aulas en la Cámara andaluza debido a que se ha convertido "en una situación que cada día preocupa más al colectivo educativo andaluz", y criticó la "cerrazón" de la consejera de Educación, Cándida Martínez, "que no ha reconocido la existencia de los casos de violencia escolar y no ha planteado medidas para abordar esta problemática con lo cual la situación es más grave ahora que hace cuatro años".

Además, Pérez indicó que es "bueno" que se conozcan los casos de agresiones en los centros escolares, frente a la posición que, según dijo, mantienen las direcciones de los centros y la propia Delegación Provincial pidiendo a los docentes que no publiciten los casos de agresiones "por el desprestigio que supone para los centros", si bien Pérez dijo que ello lo que hace es "enquistar" el problema.

Así, el parlamentario informó del último caso de violencia escolar que se ha dado en la provincia y que no se ha conocido. Se trata de una agresión de un padre de un alumno a una profesora del Colegio Público de Freila, en la que la docente recibió amenazas verbales del padre que irrumpió en el centro, tras lo que tuvo que ser trasladada a Baza con un ataque de nervios, según indicó.

Ante la huelga general que el profesorado granadino ha planteado para mañana en la provincia por el aumento de los casos de violencia en las aulas, Pérez apoyó esta convocatoria y calificó como "negativa" que la actitud de algunos padres que han anunciado que llevarán a sus hijos a los centros, señalando que "esta división es lo que hay que evitar", porque ambos sectores, padres y madres y profesores "están interesados en que esto se solucione".

Criticó que la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos (FAPA) de Granada mantengan esta actitud y se conviertan en "interlocutores" de la Administración y no se muestren más "beligerantes" en la búsqueda de soluciones "más eficaces" para abordar este problema del que responsabilizó a la Junta por no abordar "en su momento" este problema y no hacer "nada" al respecto.

Si bien Pérez comprendió el derecho de los padres a llevar a sus hijos a los centros mañana aunque el derecho a la huelga sea, según dijo, "sagrado", consideró que los colegios deberían permanecer abiertos en el día de mañana "para compatibilizar el derecho a la huelga con el derecho de los alumnos a ir a los centros educativos".

El PP apuntó como necesario que se implanten medidas para abordar el problema y que se acabe con la figura del "profesor burócrata", haciendo que los expedientes o sanciones a los alumnos o docentes se tramiten y solucionen en el plazo de un mes desde que ocurre el incidente y no se demoren más en el tiempo.

Además, también pidió que se aumente el personal de servicios de los centros educativos, unos dos o tres por centro en la actualidad, un número "ridículo" en centros que tienen entre 600 y 700 alumnos y unos 70 profesores, según dijo.

Por otro lado, consideró que la atención jurídica que presta la Consejería al profesorado cuando se dan casos de agresiones "no es todo lo diligente y eficaz que debiera", por lo que el parlamentario del PP pidió un apoyo continuado a lo largo del proceso, además del apoyo institucional que se da en un principio.

También consideró necesaria la creación de la figura del mediador y que se elaboren cambios legislativos con la publicación de nuevos decretos.