Granada - Cámara de Cuentas detecta 'incertidumbres' en materia financiera e incumplimientos de ley por parte de UGRA

SEVILLA, 9 (EUROPA PRESS)

La Cámara de Cuentas de Andalucía ha puesto de manifiesto en un informe de fiscalización de la Universidad de Granada (UGRA) correspondiente al año 2001, que se han detectado "incertidumbres" en materia financiera y principios contables e incumplimientos de la legalidad aplicable en el desarrollo de su gestión por parte de esa institución universitaria.

Durante el ejercicio fiscalizado, según el informe de la Cámara de Cuentas, al que tuvo acceso Europa Press, la UGRA estaba estructurada en 16 facultades, tres escuelas superiores, cinco escuelas universitarias y cuatro centros adscritos, mientras que la plantilla superó los 5.000 empleados y el número de alumnos matriculados en el curso 2001-2002 fue de 59.605. Además, la citada universidad contó con un presupuesto de 288,07 millones de euros, mientras que el nivel de cumplimiento de los ingresos fue del 88,2 por ciento y el de los gastos del 96,4 por ciento.

En el informe se señalan un total de siete "incertidumbres" en relación con las cuentas anuales, como son que, debido a que el sistema de información, los procedimientos seguidos para su registro y la documentación existente "resultan insuficientes y deficientes, no ha sido posible conocer razonablemente si los derechos reconocidos y pendientes de cobro del capítulo 3 (Tasas y precios públicos), a 31 de diciembre de 2001, se encuentran contabilizados en su totalidad y cuáles de ellos se registraron de acuerdo con principios contables aplicables".

Otra de esas "incertidumbres" se refiere a que derivado del Acuerdo Marco del Servicio Andaluz de Salud con las universidades para regular el pago de retribuciones del profesorado perteneciente al citado organismo, la UGRA "tiene registrados unos derechos pendientes de cobro del ejercicio 2001 por 2,90 millones de euros y de ejercicios anteriores, con antigüedad de 1995, de 8,84 millones", mientras que "no existe garantía del cobro de la totalidad".

Asimismo, la Cámara de Cuentas pone de manifiesto que no se liquidaron en plazo las retenciones de IRPF de los tres últimos trimestres del año y que, aún cuando se solicitaron a la Agencia Estatal de Administración Tributaria sus aplazamientos, sólo fueron aceptadas las liquidaciones del tercer y cuarto trimestre con incrementos por intereses de demora, de manera que todavía "persisten contingencias de contenido económico con la AEAT por los intereses de demora del segundo trimestre".

En cuanto a las "salvedades de carácter financiero", la Cámara de Cuentas indica que la universidad "tiene derechos reconocido en el 2001 por 2,96 millones del Programa Operativo Feder 2000-2002, sin que exista soporte documental para su reconocimiento", y que por las las ayudas a la financiación de reformas, acondicionamientos y mejoras de edificios, constan derechos pendientes de cobro de ejercicios anteriores por 5,58 millones, "de los cuales no existen los documentos que soporten adecuadamente su reconocimiento y ofrezcan las mínimas garantías de cobro".

De igual manera, el órgano fiscalizador indica que se ha concertado una póliza de crédito con vencimiento a 36 meses para financiar inversiones y necesidades de tesorería, la cual se ha registrado "sólo en la agrupación de Acreedores Extrapresupuestarios, como si se tratara de una póliza de crédito a corto plazo, lo que conlleva infravalorar en 5,48 millones el saldo presupuestario del ejercicio y el remanente de tesorería".

En relación con los "incumplimientos" de la legalidad vigente, la Cámara de Cuentas especifica un total de siete, referidos a normas como la Orden de 1 de febrero de 1996 (Instrucción de Contabilidad para la Administración Institucional del Estado) y la Ley de la Cámara de Cuentas de Andalucía "al no rendir las cuentas anuales del ejercicio 2001 con el contenido, forma y plazos de aprobación y de rendición previstos"; el Estatuto de la Universidad y la Ley de Reforma Universitaria "al excederse en el plazo de aprobación del Presupuesto y de la Programación Plurianual" o de la Ley General de la Hacienda Pública de Andalucía y Ley General Presupuestaria, al "tramitarse generaciones de créditos sin que conste la efectiva recaudación de los ingresos que la financian o la justificación de la existencia de compromisos de ingresos o del reconocimiento de derechos.