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Granada - El propietario desparecido de 'Jamones Fernando' ha mantenido contacto telefónico con la familiaLa madre recurre una providencia del juzgado de Orgiva en la que pide al Mercantil el informe de administración concursal de la empresa La Guardia Civil de Granada ha solicitado al Juzgado de Instrucción 1 de Orgiva un mandamiento de intervención telefónica de escucha y grabación tras conocer que el administrador de 'Jamones Fernando', Antonio Herrera, desaparecido el pasado mes de septiembre al parecer con casi 30 millones de euros procedentes de los préstamos de medio millar de vecinos, ha mantenido "algún" contacto telefónico con su familia. Según informó a Europa Press el abogado de la madre del empresario, Miguel Ruiz de Almodóvar, la familia está convencida de que "sigue vivo", aunque no retirará la denuncia por su desaparición ante el temor de que estuviera amenazado de muerte o retenido contra su voluntad. La Guardia Civil solicitó las escuchas telefónicas a finales del pasado mes de noviembre después de conocer que "al menos en una ocasión" se puso en contacto con "algún familiar", aunque el juzgado aún no se ha pronunciado al respecto. Sí lo hizo el pasado 18 de enero con la emisión de una providencia en la que solicitaba al Juzgado de lo Mercantil el informe de administración concursal de la empresa, decisión que ha sido recurrida por el letrado de la madre del empresario, al entender que la denuncia por desaparición no está relacionada con la situación económica de la empresa. En dicho recurso de reforma, presentado ayer, el letrado considera que la prueba documental solicitada "es eminentemente mercantil" y por tanto, "intrascendente" para averiguar el paradero del empresario, por lo que insta al juzgado a emitir un auto dejando sin efecto la diligencia o fundamentando las razones de la misma. DOS PROCESOS PARALELOS La huida del empresario ha motivado dos procesos paralelos, en el juzgado de Orgiva, por su desaparición, y en el Juzgado de lo Mercantil, por la denuncia de sus acreedores. Este último ha recibido hasta el momento más de 400 denuncias en demanda por el dinero prestado al empresario desaparecido a cambio de un alto interés o como compensación por los jamones dejados en depósito en los secaderos naturales de la empresa, con sede social en el pueblo de Trevélez, en la Alpujarra granadina. El titular del Juzgado de lo Mercantil decretó el embarco cautelar de las tres empresas del Grupo Fernando y nombró a tres administradores, entre ellos Caja Rural, para reflotar la compañía de la quiebra y delimitar el patrimonio de la misma. Los afectados tienen hasta el 8 de febrero para personarse contra los dos administradores de la empresa, el desaparecido Antonio Herrera y su mujer, Concepción Gallegos, a quienes el juez embargó sus cuentas bancarias.
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