Granada - Ayuntamiento elude la responsabilidad política tras conocer el informe sobre el accidente de la Cuesta Gomérez

PSOE e IU piden responsabilidades políticas y encuentran "lagunas" en el informe en el que se reflejan un "cúmulo de despropósitos"

GRANADA, 11 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Granada dio hoy a conocer el informe encargado a la asesoría jurídica de la Gerencia de Urbanismo para realizar el seguimiento del expediente de la obra de demolición del número 16 de la Cuesta Gomérez que costó la vida a un trabajador ecuatoriano, el pasado 21 de diciembre, en una Junta de Portavoces tras la cual los partidos de la oposición (PSOE e IU), pidieron responsabilidades políticas, ante lo que el alcalde, José Torres Hurtado, señaló que no existe "absolutamente ninguna responsabilidad política".

Tras la celebración de esta Junta extraordinaria los portavoces de la oposición, Juan Montabes (PSOE) y Lola Ruiz Domenech (IU) comparecieron en rueda de prensa para pedir responsabilidades políticas, que según llegó a manifestar la concejal de IU podría llevar a la solicitud de la dimisión del concejal de Urbanismo, Luis Gerardo García Royo.

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento expresó por su parte que tras conocer el informe, las conclusiones son "insuficientes" por lo que anunció que reiterará la petición de una comisión de investigación que evalúe lo sucedido en la obra de demolición de la Cuesta Gomérez y también trate sobre el modelo que aplica el Ayuntamiento en las obras de ejecución subsidiaria.

En el informe de la Gerencia de Urbanismo se determina que el Ayuntamiento de Granada decretó la declaración de ruina del edificio el 19 de diciembre de 2002, tras lo que se hizo cargo de la demolición del mismo, una vez que el propietario del inmueble se negara hacerlo a pesar de tener las notificaciones pertinentes del estado del edificio y de haberse desalojado el mismo y precintado en dos ocasiones.

Así se detalla que el Ayuntamiento contrató las obras de demolición a la empresa Rehabilitaciones y Demoliciones Granada S.L., para iniciar la ejecución subsidiaria de las obras, dando comienzo las actuaciones en octubre de 2004, si bien en el informe se detalla que la empresa incumplió el contrato con el Ayuntamiento al subcontratar a otra, Construcciones Hermanos Rodríguez, que a su vez podría haber dejado las obras en manos de una tercera, sin que el Ayuntamiento tuviera conocimiento de ello hasta un día después de que se produjera el accidente mortal.

El inmueble de la Cuesta Gomérez estaba incluido como capital social en la compañía Arrendamientos Inmobiliarios Santa Paula S.L., cuyo consejero delegado es el hijo del propietario, y que en nombre de la compañía interpuso un recurso ante lo contencioso administrativo para impugnar la declaración de ruina y la orden de demolición.

Además, en el informe también se recoge que un vecino del inmueble en cuestión, informó mediante un escrito al Ayuntamiento el 21 de octubre de 2004 alertando sobre el peligro y el posible incumplimiento de las medidas de seguridad, si bien el informe concluye que el Ayuntamiento al ser informado actuó "de forma inmediata".

Los técnicos estiman oportuno el "replanteamiento" por parte de los Servicios Técnicos y Jurídicos municipales de la adopción de medidas y de medios de ejecución forzosa previstos legalmente, "dada la evidente insuficiencia de medios personales, materiales y económicos para atender el grave deterioro de un importante número de inmuebles en la ciudad".

Además, tras constatar las irregularidades de la empresa concesionaria de las obras se insta a que se abra el oportuno expediente "para la depuración de las responsabilidades contractuales" que pudieran existir y "sin perjuicio de la adopción de las medidas cautelares que se estimen oportunas".

Igualmente, plantean que se ponga en conocimiento de la compañía aseguradora municipal el accidente para que proceda al estudio de la situación y evalúe "las eventuales responsabilidades de tipo indemnizatorio" que se puedan derivar del caso.

PETICIONES DE LA OPOSICION

Ante estas conclusiones el PSOE echó en falta que en el informe no se hable de la labor de seguimiento y control de la obra que el Ayuntamiento de Granada tendría que haber realizado, según explicó Montabes que resaltó el "cúmulo de despropósitos" que se reflejan en el informe y subrayó las ausencias de la investigación policial o de las visitas de los bomberos a la obra.

Por ello, el socialista consideró que existen "elementos suficientes" para solicitar la comisión de investigación y mostró su preocupación por el modo en el que realiza el Consistorio las ejecuciones de obras subsidiarias.

Por su parte, la portavoz de IU pidió al equipo de gobierno municipal que "asuma sus responsabilidades políticas ante un hecho tan grave", destacando al igual que el PSOE, que existen "lagunas" en el informe y que de este se constata que existen "necesidades perentorias que había que haber cubierto".

Así, señaló que "hace falta una voluntad mayor para impedir que casos como este se vuelvan a repetir", y manifestó que "no es el momento de echar balones fuera" eludiendo responsabilidades. También informó que su grupo decidirá si unirse a la solicitud de la comisión de investigación planteada por el PSOE.

EL AYUNTAMIENTO DECRETA SUSPENSION CAUTELAR DEL CONTRATO

Tras conocer el informe, el concejal de Urbanismo, Luis Gerardo García Royo, informó en rueda de prensa que el Ayuntamiento ha decretado la suspensión cautelar del contrato que mantiene con la empresa Rehabilitaciones y Demoliciones Granada, por el incumplimiento del contrato al realizar las subcontratas de la obra y no informar al Ayuntamiento.

Además, García Royo señaló que desconocía el pliego de condiciones del contrato, en el que se establecía que la dirección técnica de la obra y la coordinación de seguridad recaían sobre la empresa adjudicataria "algo que no debe ser así", indicó, y ante lo que señaló "la necesidad de disgregar estos aspectos y residenciar la dirección técnica de la obra en el Ayuntamiento".

El concejal destacó "el comportamiento de absoluta desobediencia que no vamos a permitir que quede impune" del propietario del inmueble, señalando que "se debería acudir no a la ejecución subsidiaria sino a los tribunales denunciando por desobediencia".

Además, informó que la compañía aseguradora del Ayuntamiento estudiará indemnizar a los familiares del trabajador que falleció en la obra.

Preguntado por si siente responsabilidad política en este tema y sobre la petición de dimisión al concejal de Urbanismo el alcalde, José Torres Hurtado, tomó la palabra para defender al edil, señalando que no hay "absolutamente responsabilidad política en un tema que viene de una fecha anterior a nuestra toma de posesión en el Ayuntamiento".

Así señaló que "no hay motivo político" para pedir la dimisión del concejal, destacando que "este alcalde no tiene la más mínima duda de que Luis Gerardo García Royo es el hombre que tiene que seguir al frente de Urbanismo".