Granada - El inspector jefe de la Policía Nacional asegura que La Paquitina no pudo idear sola una trama tan compleja

Sostiene que el presunto cerebro era el "abogado de confianza" de la traficante mientras el otro letrado ejercía como "testaferro"

GRANADA, 22 (EUROPA PRESS)

El inspector jefe de la Jefatura Superior de Policía declaró hoy durante el juicio que se sigue en la Audiencia por la falsificación de certificados de defunción que es "materialmente imposible" que Francisca Martos, alias 'La Paquitina', ideara su propia muerte para eludir la cárcel por la complejidad de la trama, indicando que Manuel M.H., considerado por la Fiscalía como el cerebro del caso, fue "siempre el abogado de confianza" de la traficante y que el otro letrado acusado, Miguel Angel C.L., actuó como "hombre de paja o testaferro".

El responsable de la Policía Nacional, que llevó "personalmente" la investigación del caso, confirmó la versión de la principal testigo de cargo y acusó a los dos traficantes que ahora se sientan en el banquillo, La Paquitina y Juan F.H., de "inventarse" a una tercera persona "inexistente", Vicente Maldonado, para "eludir" su responsabilidad.

Asimismo, indicó que descubrieron la falsa muerte de La Paquitina después de su detención ante la extrañeza de que continuara en libertad tras ser condenada a diez años de prisión por tráfico de drogas. Esta "blindó" su domicilio para evitar un registro, aunque según el inspector jefe "todo el mundo sabía que seguía traficando".

La sospecha del otro "supuesto muerto", Juan F.H., procesado en un sumario de cinco kilos de cocaína, se inició en el propio juzgado que instruyó el caso ante la posibilidad de que existieran más certificados de defunción falsos para que los traficantes eludieran la cárcel. Según el inspector jefe el abogado Manuel M.H. "tenía fama de manipular los procedimientos".

PERICIALES CALIGRAFICAS CONTRADICTORIAS

Durante el juicio, que se prolongará el próximo día 30 de septiembre con las conclusiones definitivas de las partes, se presentaron tres pruebas periciales caligráficas para determinar la autoría de los documentos aportados en el Registro Civil y los certificados de defunción falsos. Mientras que las dos primeras realizadas por peritos judiciales confirmaron "con total certeza" la letra de Miguel Angel C.L., la aportada por la defensa de éste, sostuvo "rotundamente" todo lo contrario.

Las periciales públicas, realizadas por una funcionaria del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y agentes de la Policía Científica indicaron que tres de los cuatro documentos, fueron rellenados por la misma persona, Miguel Angel C.L., indicando que la diferencia de criterios con la pericial privada se debe a que partieron de premisas distintas, "buscando las similitudes y no las diferencias".

Por su parte, el perito privado aseguró que tenía la "absoluta certeza" de que la letra no pertenecía al acusado "ya que es imposible que nadie de forma voluntaria y espontánea disimule todos los atributos de la escritura, tales como la velocidad, la inclinación, la presión y el dinamismo", indicando que quien rellenó los impresos "tiene un carácter mucho más flemático, frío y prepotente".

Sin embargo, su declaración incurrió en algunas incongruencias puestas de manifiesto por el Ministerio Público y el presidente del Tribunal, quien mostró su "sorpresa" de que en un informe de más de doscientas páginas "no hubiera reflejado ningún tipo de similitud entre ambas escrituras". El propio acusado reconoció haber entregado dichos documentos en la Audiencia aunque dijo desconocer su contenido y quién los había rellenado.

El caso de falsificación de certificados de defunción para evitar que dos personas condenadas entren en prisión en el que se encuentran implicados dos abogados es único en la historia de los tribunales. La Fiscalía pide para los letrados Manuel M.V. y Miguel Angel C.L., diez años y ocho meses de cárcel y multas de 23.760 euros para cada uno de ellos por dos presuntos delitos de falsedad continuada en documento público y dos estafas procesales.

El escrito de calificación provisional del Ministerio Público dirige la acusación contra otras cuatro personas para las que el fiscal pide cinco años y cuatro meses de prisión y el pago de una multa para cada uno de 11.880 euros. Entre ellos se encuentran los dos traficantes de drogas Francisca M.H.,--con una condena pendiente de 10 años de cárcel y 205.546,14 euros de multa por tráfico de drogas--, y Juan F.U. --procesado en un sumario de cinco kilos de cocaína--, la esposa de éste último, Juana M.A., y el hermano del acusado de ser el promotor de la idea, José Luis M.V., empleado de su bufete.

La Paquitina y Juan F.U. continúan en prisión, la primera en cumplimiento de sus diez años de condena, y el segundo en situación provisional, exento de comparecer en el juicio por problemas de salud.

Los hermanos Manuel y José Luis M.V., que se negaron a declarar acogiéndose al secreto profesional, permanecieron durante más de un mes en el Centro Penitenciario de Albolote, que abandonaron tras pagar una fianza de 24.000 y 9.000 euros respectivamente. Ambos fueron suspendidos cautelarmente por el Consejo Andaluz de Abogados después de que el Colegio profesional de Granada les abriese un expediente disciplinario por este caso.