Granada - Un testigo asegura que el presunto cerebro del caso 'Paquitina' le rogó que no lo mencionara

Asegura que llegó a suplicárselo entre lágrimas ante el temor de "ingresar en prisión"

GRANADA, 20 (EUROPA PRESS)

Uno de los testigos del caso 'Paquitina' declaró hoy en la Audiencia Provincial de Granada que Manuel M.V., considerado por la Fiscalía como el presunto cerebro de la falsificación de certificados de defunción para que dos traficantes de droga eludieran la cárcel, le pidió en dos ocasiones, la última "entre lágrimas", que no mencionara su nombre "para no verse implicado en la trama" ante el temor "de ingresar en prisión".

El testigo, J.A.M.B., uno de los numerosos abogados que defendió a Francisca M.H., alias La Paquitina, bajo la supuesta tutela de Manuel M.V., aseguró que un día después de que la traficante fuese detenida y por tanto, descubierta su falsa muerte, el acusado se personó en su despacho junto a un tercer letrado, que hoy no reveló el contenido de dicha entrevista acogiéndose al secreto profesional, para "rogarle" que no mencionara su nombre si declaraba como testigo en el mismo, aunque sin explicarle su grado de implicación.

Indicó que durante dos semanas recibió "insistentes llamadas" del acusado, que finalmente se personó nuevamente en su despacho pidiéndole "entre lágrimas" que no lo mencionara "ante el temor de ingresar en prisión". Dicho testigo aseguró que el letrado de La Paquitina era Manuel M.V., aunque puntualmente lo sustituyó "cara al exterior" para luego renunciar "al sentirse utilizado".

En esta tercera y penúltima vista oral del juicio, declararon otros cuatro abogados más, una procuradora y una pasante del bufete de abogados implicado en el caso, el primero y la última a través de videoconferencia.

El primer letrado confirmó que renunció a la defensa de los otros dos acusados en el caso, el del traficante Juan F.U. y su mujer, Juana, en favor de Manuel M.V. y A.M.R.F., éste último imputado inicialmente en el caso por haber presentado el segundo certificado de defunción, quien declaró que "era una víctima de la trama" y que renunció al caso tras conocer por Juana que dicho documento era falso.

La procuradora también renunció a seguir llevando el caso, aunque aseguró que nunca tuvo conocimiento del mismo y que se limitada a ser "porteadora de documentos", al igual que la pasante. El próximo miércoles finalizará previsiblemente el juicio con la declaración de los agentes de la Policía Nacional que efectuaron la detención de La Paquitina y las pruebas periciales caligráficas. Será entonces, cuando las distintas partes eleven a definitivas sus conclusiones provisionales.

El caso de falsificación de certificados de defunción para evitar que dos personas condenadas entren en prisión en el que se encuentran implicados dos abogados es único en la historia de los tribunales. La Fiscalía pide para los letrados Manuel M.V. y Miguel Angel C.L., diez años y ocho meses de cárcel y multas de 23.760 euros para cada uno de ellos por dos presuntos delitos de falsedad continuada en documento público y dos estafas procesales.

El escrito de calificación provisional del Ministerio Público dirige la acusación contra otras cuatro personas para las que el fiscal pide cinco años y cuatro meses de prisión y el pago de una multa para cada uno de 11.880 euros. Entre ellos se encuentran los dos traficantes de drogas Francisca M.H.,--con una condena pendiente de 10 años de cárcel y 205.546,14 euros de multa por tráfico de drogas--, y Juan F.U. --procesado en un sumario de cinco kilos de cocaína--, la esposa de éste último, Juana M.A., y el hermano del acusado de ser el promotor de la idea, José Luis M.V., empleado de su bufete.

La Paquitina y Juan F.U. continúan en prisión, la primera en cumplimiento de sus diez años de condena, y el segundo en situación provisional, exento de comparecer en el juicio por problemas de salud.

Los hermanos Manuel y José Luis M.V., que se negaron a declarar acogiéndose al secreto profesional, permanecieron durante más de un mes en el Centro Penitenciario de Albolote, que abandonaron tras pagar una fianza de 24.000 y 9.000 euros respectivamente. Ambos fueron suspendidos cautelarmente por el Consejo Andaluz de Abogados después de que el Colegio profesional de Granada les abriese un expediente disciplinario por este caso.