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Granada - Fiscalía admite a trámite la denuncia de UGT contra varios hoteles y empresas de limpieza de Granada



El fiscal jefe del TSJA ha interesado la declaración de los imputados por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores

GRANADA, 11 (EUROPA PRESS)

La Fiscalía de Granada ha admitido a trámite la denuncia presentada el 9 de julio de 2003 por UGT contra siete hoteles de tres y cuatro estrellas de la capital y las cuatro empresas de limpieza que surten de personal a los mismos, después de que la Inspección Provincial de Trabajo los sancionara con multas de hasta 30.000 euros por presuntas irregularidades en la contratación del personal de limpieza.

Según informaron a Europa Press fuentes de la Federación de Comercio, Hostelería, Turismo y Juego de UGT Granada, el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Jesús García Calderón, remitió al juzgado el pasado 6 de julio las diligencias de investigación penal incoadas por este caso, al considerar que existen indicios de un presunto delito contra el derecho de los trabajadores en tres de las empresas de limpieza que operan en Granada capital.

La decisión fiscal se produce después de que la Inspección de Trabajo sancionara el pasado mes de febrero a los hoteles y empresas de limpieza denunciadas por UGT con multas que oscilan entre los 3.100 y los 30.000 euros, al considerar que hubo una cesión de mano de obra ilegal, prohibida en el artículo 4 del Estatuto de los Trabajadores, sanciones que fueron recurridas.

Durante los años 2002 y 2003 el Servicio de Inspección detectó que numerosos hoteles de Granada acudían a dichas compañías cuando necesitaban personal para el cuidado de las habitaciones en vez de a las empresas de empleo temporal.

Una vez que suministraban la mano de obra requerida a los hoteles, estos dedicaban el personal contratado a hacer funciones de camareras de piso que eran pagadas con arreglo al convenio colectivo de limpieza, en vez del de hostelería, "al que corresponden las labores realizadas, perjudicando a las trabajadoras, ya que el salario del convenio de limpieza es más bajo".

Las camareras cobran 14 pagas al año de 932,24 euros, así como un "plus cultural" de 243,52 euros anual y 18,38 euros mensuales por manutención, sin embargo, la categoría de peón limpiador dentro del convenio de limpieza establece una paga de 24 euros por día. En el caso de Granada, UGT denunció que las empleadas no sólo estaban ilegalmente adscritas a este segundo convenio sino que se les pagaba por habitación en vez de un fijo mensual, una práctica que calificaron de "habitual" en la mayoría de los hoteles granadinos.

Asimismo, las cotizaciones que se hacían a la Seguridad Social también se acogen al convenio de limpieza por lo que, según el escrito fiscal "con dicho comportamiento se perjudica doblemente a las trabajadoras en cuestión, ya que no sólo se les paga menos, sino que además se cotiza por ellas menos de lo que se debiera".

Aunque la Inspección de Trabajo abrió actas sancionadoras a tres empresas de limpieza y a diversos hoteles de Granada, el Ministerio Fiscal consideró que las conductas que pudieran ser constitutivas de delito corresponden a las empresas de limpieza, "que son las que pagan los salarios a las trabajadoras".

Trabajó investigó inicialmente a cuatro empresas, aunque una de ellas regularizó su actuación y aplicó el convenio de hostelería, por lo que quedó al margen del caso. Los gerentes y administradores de las otras tres compañías declararán próximamente como imputados en el juzgado que instruye el caso. El sindicato informó de que se personará como acusación particular en el caso si finalmente llega a juicio tras concluir las diligencias previas, actualmente en curso.

Según UGT los empleados afectados, alrededor de 150 en su mayoría mujeres, siguen en sus puestos de trabajo y algunos de ellos han demandado de forma individual a las empresas de limpieza, aunque hasta el momento los juzgados han fallado un solo caso, el de un empleado que interpuso una demanda por ser despedido de forma improcedente, según la sentencia a la que ha tenido acceso Europa Press, tras denunciar públicamente la situación irregular en la que se encontraba.


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