Almuñécar - Dos vecinos de Almuñécar dirimen en la Audiencia la propiedad de una cochera tras 12 años de litigio

GRANADA, 26 (EUROPA PRESS)

La Audiencia de Granada juzgará el próximo 24 de septiembre el caso de una presunta estafa en la propiedad de una cochera cometida por un vecino de Almuñécar, J.L.B.C., denunciado hace doce años por una mujer que pide para él dos años de prisión y una multa de 108.000 euros, alegando que es la titular de la misma. El Ministerio Fiscal pide la misma pena de prisión aunque una multa inferior de 2.520 euros.

Según el escrito de calificación provisional de ambas acusaciones, al que ha tenido acceso Europa Press, el procesado obtuvo sentencia favorable en un juicio contra la empresa para la que trabajaba por el que debía ser indemnizado en la cuantía de 11.923,65 euros y para hacer efectivo el pago solicitó una petición de embargo sobre varios inmuebles de la condenada, entre ellos, la citada cochera.

El juzgado de Social número 1 de la capital procedió al embargo del local el 18 de mayo de 1999, si bien dicho inmueble no pertenecía ya a la empresa sino que fue vendido con anterioridad a la demandante en 1981, algo que según el Ministerio Fiscal, era conocido por el acusado ya que era el encargado del cobro de los recibos de la comunidad.

Según el relato fiscal, el acusado "aprovechó mendazmente" que la finca no había sido registrada por aquella fecha, para "instar al juzgado a que procediera al embargo", extremo que niega su abogado defensor, que pide para él la libre absolución argumentando que la adjudicación del local fue "totalmente legal y conforme a derecho".

La celebración del juicio estaba prevista para el pasado 28 de abril, sin embargo, la renuncia del letrado de la acusación particular por motivos económicos, pospuso su celebración hasta que se le adjudicara a la denunciante, A.M., un abogado de oficio, una situación que la defensa calificó en su momento de "insostenible" ya que durante los últimos doce años ninguna de las partes ha podido beneficiarse de la cochera, indicando que el perjuicio por la lentitud de la justicia "es aún peor que el que pueda derivarse del proceso".